Los inspectores del Banco de España buscan el respaldo político a sus reivindicaciones
La asociación de inspectoreses tiene un pulso con la cúpula del Banco de España Los representantes del gremio han mantenido encuentros con PP, PSOE o Podemos
El desencuentro entre el cuerpo de inspección del Banco de España, o por lo menos de su asociación que integra a la mayoría de personas que forman este colectivo, y la cúpula de la institución supervisora es total. Parece que llegados a este nivel de comunicados y contracomunicados, informes y contrainformes (o como se denominen técnicamente), poner paz en el seno del Banco de España se ha convertido en una cuestión que traspasa los muros del robusto, ecléctico y emblemático edificio de la madrileña calle de Alcalá.
El enfrentamiento entre los inspectores y la cúpula del Banco de España tiene como núcleo central el ‘caso Bankia’, pero no es el único punto de fricción, aunque sí es el más impactante, ya que en él se conjugan todas las claves de las reivindicaciones de este colectivo de inspección. La reivindicación de un marco regulatorio que les ampare jurídicamente ante cualquier conflicto causado por su labor inspectora y por sus escritos forman parte también de estos desencuentros. Más ahora, según explican, ya que consideran que trabajan para el Banco Central Europeo (BCE), con jefes que están en Fráncfort, pero es el Banco de España el organismo que les paga y que les da, por poner un ejemplo, las vacaciones.
Los inspectores del Banco de España han decidido exponer a todos los partidos políticos sus reivindicaciones. La última vez que lo hicieron ha sido justo antes de que se celebraran las elecciones generales del 20 de diciembre. Todos los grupos políticos les escucharon, e incluso les comunicaron su intención de recoger sus peticiones, incluido Podemos. Eso sí, unos partidos parecieron más receptivos que otros a sus mensajes.
Parece que el partido que encabeza Pedro Sánchez fue el menos explícito en atender sus solicitudes, pese a ello, también les comentó su intención de estudiar el asunto.
El PP, por el contrario, fue el más receptivo a sus demandas, que se centran en buscar una fórmula que proteja jurídicamente sus labores de inspección, “lo mismo que existe en otros colectivos de inspección”, declaran fuentes de la asociación.
En su último programa electoral el PP recoge una propuesta para crear un “marco regulatorio sólido y adaptado a las mejores prácticas internacionales”. Y dentro de este marco dice textualmente: “Para culminar el proceso de mejora de las actividades de supervisión que se ha acometido en estos años, regularemos la situación jurídica de los inspectores de entidades de crédito, como cuerpo profesional con unas características análogas a las establecidas para el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado que desempeña funciones similares”.
Esta propuesta del PP convence a los inspectores, aunque recuerdan que ya en 2011 este partido “prometió” algo muy similar en su programa electoral, pero una vez que llegó al Gobierno se olvidó de esta parte de su programa electoral, recuerdan fuentes de este colectivo.
Y volviendo al ‘caso Bankia’. Los inspectores insisten en que ya desde 2006 venían avisando en varios informes de la baja solvencia de Caja Madrid y de su agresiva política de riesgos, pero que se les hizo poco caso. En un informe de la Intervención General de la Administración del Estado fechado el 22 de marzo de 2013 y en poder del juez Fernando Andreu se hace mención a estas alertas, y otras tantas como lo que se considera una negativa solución, crear un SIP o sistema integrado de protección entre Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas pequeñas, sin haber impuesto antes “ningún expediente administrativo”, ni se detallara “los problemas detectados en el informe acerca del plan de integración”.
Esta es una de la reivindicaciones de los inspectores, el poco caso que se han hecho a sus informes o actas, “y al final, es el contribuyente el que tiene que pagar”, explican.
En el Banco de España siempre han defendido que han actuado como actúa la mayoría de los supervisores locales europeos. Y también cuentan con varios escritos y sentencias que les exculpa de cualquier responsabilidad patrimonial en el ‘caso Bankia’. Entre ellas destacan dos sentencias de la Audiencia Nacional de 2014 y de 2015, además de un informe del Consejo de Estado.
Y mientras sigue el enredo del Banco de España y los inspectores (sin olvidar Economía), la semana pasada se ha conocido que los accionistas del andorrano BPA, los hermanos Cierco, piden la paralización de la venta del banco tras haber retirado el Tesoro de Estados Unidos el pasado 19 de febrero su actuación contra esta entidad.
El Tesoro de EE UU había acusado a BPA en marzo de 2015 de presunto blanqueo de capitales. Ahora un año después parece que las medidas adoptadas contra la entidad andorrana y su filial española, Banco de Madrid, fueron desorbitadas, a tenor de las investigaciones. La cúpula española de Banco de Madrid, con José Pérez a la cabeza, esperan el pronto sobreseimiento del proceso. Pero el daño reputacional será difícil de compensar.
