Editorial

Un programa para empezar a hablar

El acuerdo de Gobierno presentado ayer por PSOE y Ciudadanos constituye antes que nada un ejercicio de responsabilidad política, además de una muestra de capacidad de diálogo y de voluntad de consenso por ambas partes. A lo largo de 66 páginas, los dos partidos han suscrito más de dos centenares de propuestas que recogen el grueso de sus programas, pero que evidencian también un notable esfuerzo por acercar posiciones y por ceder en aquello que resulte irreconciliable. Por el lado socialista, este último aspecto ha supuesto, entre otras cosas, renunciar a su inicial pretensión de derogar la reforma laboral mientras que Ciudadanos ha modificado parcialmente su propuesta de crear un contrato único con indemnización creciente. El texto se define a sí mismo como un acuerdo transversal de gobierno con un doble objetivo –regenerar las instituciones y reformar el modelo económico del país– y anima “a todos” a participar en él. Una invitación obligada, dado que la suma de escaños de ambas formaciones no resulta suficiente para sacar adelante una investidura, pero cuyo destinatario natural, a la vista del contenido del pacto, está más en la derecha que en la izquierda, como puso ayer de manifiesto públicamente Podemos al señalar que la decisión del PSOE “es incompatible” con la formación de Pablo Iglesias.
Lo suscrito por Pedro Sánchez y Albert Rivera es un pacto serio, equilibrado y razonable, susceptible de servir de base para un acuerdo mayor que permita a España salir de este periodo de Gobierno en funciones y entrar de lleno en la nueva legislatura. El texto aboga por promover un nuevo modelo de crecimiento –esa vieja asignatura pendiente de nuestra economía– sustentado en eliminación de las barreras a los emprendedores, en el apoyo a la creación de empresas y en un aumento del gasto público en I+D+i. Una financiación que se plantea acertadamente a través de fondos de inversión público-privada, lo que supone una propuesta sensata y pragmática.

Otro de los capítulos acertados del texto es la apuesta por apoyar el aumento del tamaño de las empresas, bien a través de medidas fiscales en el Impuesto sobre Sociedades o bien con incentivos como la simplificación de las auditorías cuando se cumplan unos umbrales de cifra de negocio y de trabajadores. El acuerdo refuerza la normativa para luchar contra la morosidad empresarial al añadir un régimen sancionador que potencie el cumplimiento de la ley, propone –aunque no concreta– la reforma del régimen especial de autónomos (RETA) a través de un nuevo modelo de cotización que tenga en cuenta los ingresos reales de estos profesionales, así como una cotización reducida para aquellos que no lleguen al salario mínimo. A ello hay que sumar una vuelta de tuerca más a la Ley de Segunda Oportunidad, especialmente relevante en un contexto de recuperación económica como el que vive España, en el que la tasa de fracaso en la creación de negocios es aún especialmente acusada. El texto apuesta por garantizar los compromisos de consolidación fiscal de España y por llevar el déficit por debajo del 3% en 2017. Y en materia tributaria, la reforma que se perfila incluye estudiar un nuevo impuesto para grandes fortunas, una armonización de los tipos nominales y efectivos en el Impuesto de Sociedades y una coordinación de los gravámenes de Sucesiones y Patrimonio para evitar la competencia entre las regiones, además de estabilidad en el IRPF.

El acuerdo entre Sánchez y Rivera no constituye un programa perfecto, en caso de que exista alguno, pero sí una propuesta seria que puede y debe servir de base para negociar con el Partido Popular. Pese a que la primera reacción de los populares ha sido negativa, lo que entra dentro de la previsible lógica política, lo acordado por socialistas y naranjas merece una reflexión y un análisis que evidencien un esfuerzo por parte de los populares para acercar posiciones. Si un rechazo a una propuesta en exceso radical resulta comprensible, un texto como el presentado ayer no puede desecharse sin una motivación suficiente, más aún cuando no implica la derogación real de grandes reformas estructurales realizadas por Mariano Rajoy. España necesita cuanto antes cerrar esta etapa de transición y contar con un nuevo Ejecutivo. De momento hay un programa sobre la mesa, ahora resta trabajar sobre él.