Una reválida para 60.000 empleados de banca
La nueva directiva sobre productos financieros va a traer importantes cambios en la industria Los asesores tendrán que demostrar sus conocimientos por medio de una certificación externa.
Josep Soler (Barcelona, 1956) es muy crítico con la situación que atraviesa el sector financiero en España. Especialmente en lo referente al asesoramiento. El presidente de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA, por sus siglas en inglés) considera que “existe un problema serio de distribución financiera”, que ha conducido, entre otras cosas, a vender innumerables productos financieros de forma inadecuada. “Cuanto antes reconozca la banca que tiene un problema de modelo y de prestigio antes podrá solucionarlo”.
Una oportunidad para mejorar la distribución de depósitos, fondos o planes de pensiones es la nueva directiva europea, conocida como Mifid II. Aunque su entrada en vigor se ha retrasado hasta 2018, la normativa está llamada a mejorar la maltrecha reputación del sector.
Uno de los cambios más importantes que introducirá Mifid II es la obligación de que el personal que trabaja en banca y que ofrece consejos de inversión debe acreditar un determinado nivel de conocimiento. Aquí es donde certificadores independientes como EFPA entran en juego.
Retraso legislativo en favor de la banca
La Comisión Europea propuso hace dos semanas que la entrada en vigor de la nueva directiva sobre productos financieros (Mifid II) –con la que la Unión Europea pretende reforzar la regulación y ampliar la transparencia en el sector– se retrasara del 1 de enero de 2017 al 1 de enero de 2018. “Era un tema esperado”, reconoce Josep Soler-Albertí, presidente de EFPA Europa. “Creemos que lo que más ha empujado a Bruselas a decretar este retraso en la entrada en vigor ha sido la presión de grandes bancos, ya que tienen que hacer una inversión tecnológica importante para renovar sus sistemas. En cualquier caso, tampoco es tan trascendente porque ya estaba previsto que hubiera periodos de transición para la adopción de ciertas partes de la normativa Lo importante es que la industria sea consciente de que no queda mucho tiempo, y que todo el sector se ponga en marcha para irse adaptando”. En el caso de España, uno de los capítulos de Mifid II que puede ser más relevante es el de las retrocesiones que se cobran en los fondos de inversión. El inversor tan solo paga una comisión de gestión a su gestora –además de otra de depositaría y, en ocasiones, una comisión de éxito–, pero la gestora no se queda con todo el dinero. De hecho, en el conjunto del sistema dos terceras partes de esas comisiones acaban en los bolsillos de los agentes comercializadores, ya sean sucursales bancarias, bancas privadas, empresas de asesoramiento financiero independiente (Eafi)... Con Mifid II, estos agentes solo podrán cobrar retrocesiones cuando acrediten que han aportado un valor añadido en el proceso, al haber evaluado las necesidades financieras del cliente, su perfil de riesgo o haber realizado una labor de búsqueda del fondo idóneo. “El impacto final dependerá de cómo se transponga la normativa, y será muy diferente para cada gestora”, explica Soler.
“Hasta ahora el aspecto de la formación y cualificación de los asesores había quedado en un segundo plano, pero cuando entre en vigor la nueva normativa va a exigir un esfuerzo importante por parte de las organizaciones. El nivel de exigencia que se va a pedir a los trabajadores de banca, y cuyo listón va a fijar el supervisor europeo de los mercados, EFMA, va a ser bastante alto”, explica Josep Soler.
- Empleados afectados
El presidente de EFPA apunta que al no haberse terminado de desarrollar la normativa aún no se sabe exactamente a cuántos profesionales se extenderá la obligación de pasar un examen elaborado por un certificador externo, “pero serán muchos”. De acuerdo con las primeras directrices, serán todos los que se dedican a la banca privada y a la banca personal, casi todo el personal de oficina que tiene contacto directo con el público, también aquellas personas que trabajan en las gestoras y que realiza labores comerciales. “El ámbito de trabajadores de banca que no van a necesitar información será muy reducido. Calculo que Mifid II puede implicar que entre 50.000 y 60.000 empleados tengan que pasar un examen de certificación”, calcula Soler.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá la última palabra sobre qué tipo certificación es válidas y cuáles no. Desde EFPA defienden la solidez de su modelo. “Tenemos cuatro niveles de certificación distintos, con una alta calidad. Además, exigimos la renovación anual a través de unos cursos de formación continua. De esta forma, cumplimos con lo que el supervisor europeo está fijando a nivel general: evaluaciones independientes, estándares europeos, diferente nivel para un mero informador que para asesor...”.
La Asociación Europea de Asesores Financieros ha certificado los conocimientos de 13.000 profesionales del sector con un nivel medio alto, y de otros 7.000 empleados con un escalón inferior, por lo que más de 20.000 personas ya tienen algún tipo de certificación EFPA en vigor. “Si el profesional no mantiene la formación continua o incumple el código ético al que se compromete, automáticamente pierde la certificación”, apunta Soler. Cada año, la asociación organiza cuatro sesiones de exámenes en 10 ciudades españolas a la vez. “Son exámenes abiertos, para todas las entidades, que dan total transparencia y garantías de independencia. Además, son exigentes: solo los aprueba entre el 55% y el 60% de las personas que se presentan”, explica Soler.
No solo los empleados de banca tendrán que pasar la reválida. También los agentes financieros que trabajan distribuyendo productos bancarios. Banco Santander tiene 990 de estos intermediarios registrados en el Banco de España; BBVA otros 1.753 y Banco Mediolanum 789. Todos ellos deberán acreditar sus conocimientos para vender productos financieros.
Otro colectivo que deberá pasar un examen serán las Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente (Eafis). “Este canal de distribución aún tiene una cuota de mercado muy baja en España, ya que el país está muy bancarizado. Algunas de ellas solo cobran de los clientes, así que son puramente independientes, y hay otras que también cobran como intermediarios por distribuir fondos de gestoras. La normativa actual no les exige una cualificación, pero con Mifid II sí que tendrán que acreditar sus conocimientos”.
Para Soler, los otros dos grandes cambios que traerá consigo Mifid II son una mayor transparencia y diferente modelo en el sistema de comisiones. En el primer ámbito, considera que la nueva directiva obligará que se presenten los productos de una forma mucho más clara, y que están mejor delimitadas las responsabilidades que se asumen en la distribución. En el segundo, Mifid II conllevará que solo podrán recibir parte de las comisiones que pagan los ahorradores e inversores, aquellos intermediarios que acrediten que han aportado un valor añadido, a través de un buen asesoramiento.
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