Mucho ojo con las moratorias

La moratoria para hoteles de nueva planta decretada al final de 2015 por el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau ha supuesto la paralización de decenas de proyectos. La medida se enmarca en la política de encauzar el importante flujo turístico que ha elegido la ciudad como destino, de la mano sobre todo del desarrollo como escala de primer nivel de los viajes en gigantescos cruceros por el Mediterráneo. Un escenario complejo al que se suma la proliferación de pisos turísticos, urgida de una regulación eficaz, y unas medidas restrictivas de horarios comerciales difícilmente entendibles, sobre todo por los visitantes que llegan dispuestos a gastar en la ciudad y encuentran tiendas con el cartel de cerrado. Una normativa adecuada y eficiente, que incluya a los nuevos y pujantes actores en alquiler vacacional como Airbnb, debe lograr que la actividad turística sea un beneficio para los vecinos y un impulso económico para todos. Para ello debe estar alejada de prejuicios ideológicos y maximalismos. Eso es lo que necesita Barcelona y, por extensión, toda España. Lo indeseable es que la sombra de moratorias o medidas poco meditadas y de impacto final negativo se extienda por el país, como ya está ocurriendo en el sector hotelero de Madrid, donde el simple encargo de un informe sobre la capacidad hotelera por el Ayuntamiento de Manuela Carmena ha bastado para disparar las alarmas.