El expresidente de la multinacional en preconcurso de acreedores declara en la Audiencia Nacional
El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea llega a la Audiencia Nacional.
El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea llega a la Audiencia Nacional. Efe

Felipe Benjumea, al juez: “Abengoa no tiene ningún problema, excepto de liquidez”

La Fiscalía solicita que le retiren el pasaporte

El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, aseguró ayer a la juez de la Audiencia Nacional que la compañía carece de problemas, excepto la falta de liquidez, y culpado a la reforma energética de la situación de la empresa. El fiscal del caso ha solicitado la retirada del pasaporte para el empresario.

El expresidente de Abengoa y el antiguo consejero delegado de la misma estaban citados ayer en la Audiencia Nacional para declarar dentro de la causa que investiga su utilización de administración desleal en la empresa. El expresidente del grupo sevillano, Felipe Benjumea, repitió en varias ocasiones ante la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, que Abengoa, en preconcurso de acreedores desde el pasado 25 de noviembre, “no tiene ningún problema, excepto de liquidez puntual”.

El empresario culpó de la situación actual de la empresa a la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno, que según cálculos de Abengoa habría reducido los ingresos de sus plantas termosolares en España en un 33%, lo que había supuesto una merma del valor de sus activos de 1.500 millones de euros. Benjumea además minimizó el efecto de la caída en Bolsa de Abengoa, del 95% desde los niveles a los que cotizaba en junio, y lo comparó con la caída de la banca.

Benjumea aseguró que todos los datos económicos presentados por el grupo son correctos e insistió en que el margen del beneficio de explotación histórico de la empresa, un 20%, es cierto. El plan de viabilidad presentado por Álvarez & Marsal desveló que el margen era de poco más del 10%, algo que fuentes cercanas a la empresa negaron y aseguraron que la rentabilidad futura de los proyectos de terceros será de entre el 8% y del 10% y que la de los integrados rondará el 20%. También negó falsedades en una emisión de bonos verdes, que provocó allá por noviembre de 2014 las explicaciones de Abengoa al mercado por una colocación de deuda no garantizada por la matriz que en verdad sí que lo era.

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Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado del grupo hasta mayo de 2015, justificó por su parte que la coincidencia de su fichaje por parte del fondo de inversión BlackRock y la utilización de este de posiciones cortas en el valor de Abengoa –tomar prestadas acciones para venderlas en el mercado con la premisa de que los títulos caerán en Bolsa durante ese tiempo– fue algo “casual”. “Ni sabía ni quise saber nada”, aseguró el ex directivo durante su comparecencia.

El exconsejero del grupo sevillano aseguró desconocer que BlackRock iniciara esta operativa sobre el valor en Bolsa de Abengoa, dado que él fue contratado para asesorar a su división de desarrollo estratégico en Latinoamérica Infraestructure Investment Group (IIG). Por esta vinculación, la magistrada aceptó además la imputación de uso de información privilegiada contra él.

Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega defendieron en todo momento su gestión al frente de la empresa y justificaron las indemnizaciones millonarias recibidas tras su salidas de la compañía, de 11,5 y 4,5 millones, respectivamente como un incentivo para blindar su permanencia en Abengoa.

El fiscal del caso solicitó a la juez cautelares contra Felipe Benjumea, no así para Manuel Sánchez Ortega, y pidió la retirada de su pasaporte y su comparecencia en el juzgado cada 15 días.

La Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado 18 de diciembre la denuncia presentada contra los exdirectivos de Abengoa por dos bonistas representados por los despachos Izquierdo Asociados e Ius+Aequitas. El fiscal había instado en diciembre la tramitación de la causa al considerar que ambos “realizaron conscientemente una administración desleal” en la que primaron “sus intereses patrimoniales a los de la sociedad”.

La juez del caso les impuso unas fianzas equivalentes a las indemnizaciones recibidas, que desembocó en el embargo de las propiedades y cuentas bancarias de Benjumea al no admitir a trámite las pólizas de seguro presentadas por este como aval previamente.

Felipe Izquierdo, abogado representante de la plataforma de querellantes, que agrupa tanto a accionistas minoritarios como a bonistas, aseguró ayer que ya agrupa a 70 inversores y que más de 400 están en trámites de unirse a la plataforma, a los que se sumarán los representados por el despacho Yvancos, cuya demanda no fue admitida a trámite por la Audiencia y que está en proceso de recurso.