Editorial

Reformar para mejorar, no para demoler

Pese a la contundencia del discurso político en esta materia, los expertos en derecho del trabajo no creen que un hipotético Gobierno socialista decida derogar de forma drástica la reforma laboral. La propuesta, contenida en el programa de gobierno con el que Pedro Sánchez está negociando su posible investidura, apuesta por dejar sin efecto de forma urgente algunos aspectos de la reforma y redactar, en su lugar, un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Los aspectos que los socialistas han incluido en ese paquete de cambios son la supresión de la prioridad absoluta de los convenios de empresa; el actual límite a la ultraactividad de los convenios; la eliminación del actual procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo; el diseño de los descuelgues del convenio; y la introducción de medidas que fortalezcan el papel de los sindicatos en las empresas.

Del análisis que diferentes expertos en derecho laboral han hecho de las alternativas que el PSOE ofrece a esas derogaciones se deduce que muy probablemente los socialistas acometerían una reforma, pero no una eliminación total de la estructura normativa que regula en este momento el mercado laboral. Una regresión hacia mecanismos como la solicitud de autorizacion administrativa para los ERE resulta improbable en una Europa en la que una medida como esa resultaría cuanto menos exótica, además de retrotraer las relaciones laborales a un modelo intervencionista y extemporáneo. Algo similar puede decirse de aspectos como la eliminación de los descuelgues o la anulación del peso de los convenios de empresa. Todo apunta a que la intención de los socialistas es más bien suavizar ambos aspectos al gestionar desde el ámbito sectorial la prioridad del convenio de empresa y al sustituir la decisión unilateral del empresario por algún tipo de negociación, mediación o arbitraje. En el caso de los descuelgues, la medida chocaría frontalmente con las recomendaciones de los organismos internacionales y con su defensa de la flexibilización de las relaciones entre sindicatos y empresas.

Más allá de los aspectos puntuales, resulta difícil justificar técnica, política y prácticamente la decisión de derogar un intrumento como la reforma laboral, cuya utilidad en los cuatro años que lleva en vigor está sobradamente justificada en las cifras de creación de empleo. El texto nació como una medida de urgencia para luchar contra una hemorragia aparentemente imparable y, como toda medida de choque, seguramente es susceptible de mejora. Mejorar, sin embargo, no equivale a derogar lo que funciona. España arrastra una tradición política de sucesivo borrón y cuenta nueva que explica buena parte de las patologías de que adolece nuestra legislación y nuestras instituciones. Es hora de que para el PSOE y para cualquier otro partido, legislar comience a ser más perfeccionar que demoler.