El empleo en las telecos marcará mínimo histórico con los nuevos recortes
Movimientos de relevancia en el mundo laboral en el sector español de las telecomunicaciones. Ahora, la industria se asoma a nuevos ajustes que pueden provocar que el conjunto de la contratación caiga a nuevos mínimos históricos.
Al cierre del segundo trimestre de 2015, último periodo contabilizado, el número de empleados del sector era de 60.513 personas, según la serie histórica de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). La cifra está ligeramente por encima del mínimo histórico marcado en la estadística que elabora el regulador a finales de 2014, de 60.224 trabajadores. El avance venía motivado por las nuevas incorporaciones llevadas a cabo por Telefónica.
A la conclusión de 2007, antes del agravamiento de la crisis económica en España, las plantillas del sector, según las estimaciones de la CNMC, sumaban en torno a 72.380 personas. Desde entonces, el sector se ha visto sacudido por un endurecimiento de la competencia con guerras de tarifas inacabables, que han provocado una caída de los ingresos totales del sector superior al 30%. Entre 2008 y 2013, las operadoras llevaron a cabo distintos planes de ajuste de la fuerza laboral.
En estas circunstancias, la plantilla conjunta del sector se enfrenta a los planes de ajuste puestos en marcha por las grandes operadoras españolas. La última en moverse ha sido Orange, que ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE), una vez cerrada la integración de Jazztel.
La operadora comunicó la pasada semana la puesta de un plan de ajuste que afectará a un máximo de 550 personas, en torno a un 7,7% del total de la plantilla. En el anuncio, Orange se comprometió a crear 300 nuevos puestos de trabajo en sus plataformas de atención al cliente con lo que, según la empresa, el impacto neto sobre el total del empleo será de 250 puestos de trabajo, un 3,5% del total. La operadora precisó que está abierta a valorar junto con los sindicatos la voluntariedad como uno de los posibles criterios de afectación del plan.
A su vez, Vodafone España está en la fase final de la ejecución del ERE acordado con los sindicatos mayoritarios durante el pasado otoño, puesto en marcha tras el cierre de la integración de Ono. El plan de ajuste ha supuesto la salida de la compañía de un total de 1.059 personas, en torno al 17% del total de la plantilla.
De ellos, en torno a 600 fueron bajas voluntarias, que dejaron la empresa en el mes de diciembre de 2015. Además, un total de 102 personas se acogieron a la fórmula de la prejubilación. Las bajas forzosas se han empezado a comunicar durante este mes de enero, y los empleados afectados dejarán la compañía en su mayoría a lo largo del primer semestre de este año.
Telefónica, por su parte, también ha puesto en marcha un plan de ajuste de plantilla en España. Al contrario que sus competidores, la operadora ha descartado aplicar un ERE y, dentro del nuevo convenio colectivo acordado con los sindicatos, ha puesto en marcha un Plan de Suspensión Individual voluntaria de contratos para empleados con más de 53 años y una antigüedad en la empresa de más de 15 años. La compañía comunicó el pasado jueves que destinará 2.900 millones de euros para cubrir los costes de este plan.
Al ser un plan voluntario, el grupo no ha precisado el número de trabajadores que se acogerán a este programa. Según fuentes del sector, en la empresa hay entre 6.000 y 7.000 trabajadores con 53 años o más, que pueden solicitar su incorporación al plan. Dentro del convenio, Telefónica se comprometió a crear 200 nuevos empleos.
Condiciones acordadas en los programas
Dentro del proceso, Orange España va a empezar en los próximos días la negociación con las centrales sindicales para establecer las condiciones para los afectados por el ERE.
En el caso de Vodafone, las indemnizaciones establecidas en el ERE fueron de 45 días por año trabajado hasta la reforma laboral de febrero de 2012, con 42 mensualidades, y de 33 días por año desde entonces, con 24 mensualidades, lo máximo que fija la ley para un despido improcedente.
Telefónica, a su vez, acordó en su plan de suspensión individual de contrato, el pago del 68% del salario regulador. Además, la compañía se hará cargo de las cotizaciones de los empleados que se acojan al plan ante sus futuras pensiones. Además, el trabajador mantiene su relación contractual con la compañía y si lo considera, tiene la opción de reincorporarse.