Cuatro reformas para mejorar la financiación de las pyme
Recopilación de las mejores medidas propuestas por CEPYME para mejorar el acceso y las condiciones a financiación de la pequeña y mediana empresa
Los problemas a los que se enfrentan las empresas para acceder a la financiación dependen de varios factores. Entre otras cosas se debería tener en cuenta la disponibilidad de instrumentos financieros adaptados a las necesidades de crecimiento, la adecuación del marco regulatorio, las asimetrías de información y la aversión al riesgo, entre otras cosas.
Las empresas españolas cada vez recurren menos a las entidades financieras para financiarse, reduciendo así el saldo deudor del Banco de España y restableciendo unas condiciones de crédito más favorables. Desde Cepyme recomiendan cuatro medidas para financiarse.
1. Mejorar los instrumentos financieros con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas para que puedan aportar a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, financiación a largo plazo para las necesidades de flujo de efectivo y para las inversiones, como pueden ser préstamos participativos o la aportación de mayores garantías y cobertura para este tipo de operaciones.
2. Es necesario apostar por medidas que refuercen los balances de las compañías a través del capital. Esto implica que entre otras cosas se mejores los incentivos fiscales y se ponga fin a cualquier traba fiscal que limite el acceso a la financiación de capital. Lo que piden es fortalecer con más intensidad la neutralidad en la captación de financiación empresarial, consiguiendo que las compañías de menor tamaño tengan una reducción que excluiría de la base de gravamen el coste de oportunidad de los recursos propios.
3. Facilitar una mayor variedad de instrumentos financieros. Para ello es preciso ampliar el conocimiento y mejorar la cultura empresarial en el mundo financiero para que a medio plazo puedan conseguirse más fuentes de financiación. Con una mayor oferta también se incrementaría la competitividad de las empresas.
4. La última reforma hace referencia a la morosidad. En concreto a la disminución de los plazos de cobro por parte de las empresas y al volumen de deuda comercial que se encuentra en mora y que aparece incluido en el balance de las mismas. No hay que pasar por alto que España es uno de los países que más se retrasa a la hora de pagar en sus operaciones comerciales, superando los plazos que recoge la Unión Europea.