Alcanza el 1,3% del PIB frente al objetivo del 0,7%

El déficit fiscal autonómico duplica el objetivo de 2015

El desvío confirma que las posibilidades de que España cumpla el objetivo son prácticamente nulas

Sólo cinco de las 17 autonomías no rebasó ya en noviembre el límite para todo el año

Déficit de las comunidades autónomas hasta noviembre de 2015

El déficit autonómico de las comunidades hasta noviembre del año pasado alcanzó el 1,3% del PIB, un nivel que casi duplica el límite del 0,7% impuesto por Hacienda. Se trata de un desvío relevante y que aumentará cuando se conozcan los datos de diciembre.

España se comprometió con Bruselas a reducir en 2015 su déficit público del 5,8% del PIB registrado en 2014 hasta el 4,2%. Equivale a un ajuste de 14.800 millones que todo apunta que no se cumplirá. Los últimos datos parciales de ejecución presupuestaria llegan a noviembre y reflejan, por ejemplo, que el déficit autonómico alcanzó en los primeros once meses del año el 1,31% del PIB, un importe que casi duplica el límite del 0,7%. Se trata de un desvío notable que prácticamente imposibilita que el conjunto de la Administración cumpla el objetivo de estabilidad.

Además, la experiencia indica que diciembre es un mes en el que el déficit público suele aumentar. Es decir, no cabe esperar una corrección de los números rojos y lo más probable es que el resultado del conjunto del año empeore respecto a los datos de noviembre publicados ayer.

Como mínimo, las comunidades autónomas sobrepasaron su límite en casi 7.000 millones en 2015. Salvo Asturias, Baleares, Canarias, Galicia y País Vasco, el resto de autonomías incumplieron en noviembre el objetivo del 0,7%. Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana registraron los mayores desvíos. El déficit de la Generalitat alcanzó el 2,21%, aunque esa cifra incluye un gasto extraordinario de 1.233 millones de años anteriores que Eurostat obligó a imputar al ejercicio 2015. Murcia y Valencia registraron un déficit del 2,21% y 1,92%, respectivamente.

Cumplir el pacto de estabilidad nueve años después

La senda de consolidación fiscal que España negoció con Bruselas indica que la Administración debería cumplir este año por primera desde 2007 vez el Pacto de Estabilidad, que exige que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB. Supone un reto difícil de alcanzar y más si se tiene en cuenta que, en 2015, el déficit público probablemente superará el 4,2% previsto. En el mejor de los casos, España debería reducir sus números rojos en 1,4 puntos de PIB, lo que implica un ajuste de unos 15.000 millones.

La Comisión Europea ya advirtió al Gobierno de Mariano Rajoy que los Presupuestos de 2016 que aprobó al final de la anterior legislatura no se ajustaban a la senda de consolidación fiscal y reclamó que adoptara medidas adicionales. Es decir, que aplicará recortes del gasto o impulsara subidas fiscales para elevar la recaudación.

En un clima preelectoral, el Ejecutivo de Rajoy rechazó adoptar nuevos ajustes y defendió que Bruselas infravaloraba la capacidad de España para crecer y generar mayores ingresos públicos. Teniendo en cuenta la situación de parálisis política, el riesgo de que España incumpla en 2016 el objetivo de estabilidad es muy elevado. De hecho, todas las medidas presentadas por los grupos parlamentarios en la apertura de la nueva legislatura van en la dirección de aumentar el gasto público. Un informe publicado el lunes por la Comisión Europea alertó del riesgo de que la elevada deuda pública española no fuera sostenible a medio plazo. El pasivo se encuentra a un paso de rebasar el umbral del 100% del PIB. En el estudio, Bruselas instaba a España a emprender reformas estructurales para reducir el gasto o elevar los ingresos. Sin embargo, para ello se precisa que haya un Gobierno que no esté en funciones.

En conjunto, las comunidades ingresaron un 3,3% más, pero también gastaron un 3,1% más. La remuneración a los funcionarios, los consumos intermedios, la inversión y las subvenciones son algunas de las partidas que aumentaron. En cambio, se redujo sensiblemente el gasto en intereses por las mejores condiciones ofrecidas por el Estado. Las autonomías destinaron hasta noviembre 3.488 millones a pagar el coste de la deuda, un 51,1% menos que el año anterior.

Hacienda publicó ayer los datos consolidados hasta noviembre de la Administración central, de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social. Las tres administraciones acumularon un déficit del 3,87% del PIB frente al 4,54% registrado en el mismo período del año anterior. Se trata de una mejora que probablemente no será suficiente para que España logre cumplir el límite impuesto por Bruselas del 4,2% del PIB. Los ayuntamientos, que no se incluyen en los datos publicados ayer, registrarán un importante superávit que podría rondar los 5.000 millones. Ello permitirá paliar hasta cierto punto el desvío en otros eslabones de la administración. Los datos de la Seguridad Social empeorarán sensiblemente cuando se conozcan los datos de diciembre, el mes en el que se imputa la paga doble a los jubilados.

Todo apunta que la administración encargada de abonar las pensiones rebasará también su límite de déficit, fijado en el 0,6% del PIB. El sistema de la Seguridad Social registró un desfase de 8.831 millones, un 50% más que en el mismo período del año anterior. Este deterioro se explica porque el aumento de las prestaciones del 3,4% fue muy superior al incremento del 1,3% de los ingresos. Aun así, los números serían peores sin la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal, cuyo superávit aumentó un 14,8% hasta los 6.032 millones.

Los datos publicados por Hacienda reflejan que el déficit público se reduce, pero no al ritmo que estaba previsto. Aun así, la tendencia es positiva y los ingresos financieros aumentan de forma notable. Los ingresos de la Administración central autonómica y la Seguridad Social se incrementaron un 3,8%, una subida que se explica sobre todo por la mayor recaudación fiscal. Los ingresos por IVA aumentaron hasta noviembre un 6,6%.