Presentará un bloque de medidas económicas

Ciudadanos lleva el contrato único y el complemento salarial al Congreso

El PSOE apuesta por establecer una tarifa social de gas y electricidad para familias con pocos recursos

El PP sostiene que la prioridad ahora es formar Gobierno

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su primera rueda de prensa en el Congreso.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su primera rueda de prensa en el Congreso. EFE

Ciudadanos presentó ayer en el Congreso de los Diputados el bloque de medidas que pretende llevar próximamente al Congreso y que incluyen la aprobación del contrato laboral único y la puesta en marcha de un complemento salarial para los trabajadores con bajos sueldos. Podemos, por su parte, ya ha tramitado una propuesta de Ley de Emergencia Social y el PSOE registró ayer hasta 17 iniciativas.

El poder legislativo se ha puesto en marcha sin esperar a que se despejen las dudas sobre el nuevo Gobierno. Han bastado menos de 48 horas para que Podemos, PSOE y Ciudadanos hayan tramitado sus primeras iniciativas parlamentarias. La formación de Albert Rivera registró ayer una proposición no de ley en defensa de la Constitución y la unidad de España que previsiblemente contará con la mayoría de apoyos de la Cámara y obligará a Podemos a posicionarse. La formación naranja también detalló el bloque de propuestas que próximamente llevará al Parlamento. Entre ellas, Rivera señaló el contrato único, una de las medidas estrella del programa electoral de Ciudadanos.

El contrato único propuesto no se aplicaría con carácter retroactivo y contemplaría una indemnización por despido creciente. Según Ciudadanos, acabaría con la dualidad actual del mercado de trabajo. Rivera también indicó que su grupo defenderá que se ponga en marcha el complemento salarial garantizado, una medida ideada por el catedrático de Economía de la London School of Economics Luis Garicano. La propuesta consiste en que el Estado abone una paga a los trabajadores con bajos salarios, una medida que Ciudadanos calculó que tendría un coste de 7.800 millones de euros.

Mientras se negocia el nuevo Gobierno, Ciudadanos espera que se puedan empezar a debatir medidas como una “verdadera” Ley de Segunda Oportunidad que beneficie a los afectados por desahucios, los autónomos que han perdido su negocio o quienes tienen deudas con Hacienda y Seguridad Social, fundamentalmente. “Queremos que los que caen puedan volver a levantarse”, dijo Rivera, que también propuso un gran pacto por la Educación.

En cuanto a los autónomos, Ciudadanos propondrá una reforma del Régimen Especial de la Seguridad Social para que los trabajadores por cuenta propia no deban pagar cuotas “hasta conseguir beneficios por encima del salario mínimo”, de modo que “no salgan al inicio del partido ya 3 a 0 en contra”.

El PSOE presenta 17 iniciativas parlamentarias

A lo largo de la mañana, por el registro del Congreso también se acercaron los socialistas que presentaron hasta 17 iniciativas parlamentarias, que incluyen desde la derogación de la reforma laboral hasta el incremento del salario mínimo o la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para las familias sin recursos. El PSOE incluyó una propuesta normativa para crear una nueva tarifa social de gas y electricidad, cuya gestión dejaría en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los socialistas alegan que varias directivas comunitarias emplazan ya a los Estados miembros a atajar el problema de la pobreza energética garantizando un suministro mínimo para una vida digna a un precio asequible para consumidores vulnerables y prohibiendo la desconexión en periodos críticos.

Para hacer efectivas estas exigencias, propone que sea la CNMC la que, trimestralmente, proponga una tarifa social para cada suministro energético hasta un cierto nivel de potencia o consumo, que sea asequible y que esté referenciado con la renta y el gasto energético de las familias, y desvinculado totalmente de la evolución de los precios de mercado.

A esta tarifa social podrían acogerse quienes no superen unos umbrales de consumo y, además, cumplan uno de los siguientes requisitos: ser perceptor de pensión mínima, no contributiva o no concurrente; que todos los miembros de la familia estén en paro, tener una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo, tener derecho a ayudas de alguna administración pública o ser familia numerosa.

Este precio regulado se aplicaría sobre el consumo destinado a la climatización de la vivienda, la iluminación y el consumo de aparatos de conservación y transformación de alimentos, y el calentamiento del agua de uso sanitario e higiénico.

El déficit de ingresos que sufrirían las empresas energéticas obligadas a ofrecer la tarifa social se repercutiría sobre el conjunto del sistema y se financiaría mediante cargos o partidas provenientes de los Presupuestos del Estado.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, minusvaloró las iniciativas parlamentarias que presentaron PSOE, Podemos y Ciudadanos. Señaló que la prioridad es elegir un Gobierno que pueda ejecutar las medidas legislativas. Las negociaciones se mantienen de momento estancadas. El PP propone una gran coalición y el PSOE se niega de forma rotunda a explorar esa posibilidad e insiste en que votará en contra la investidura de Rajoy. La intención socialista de liderar una mayoría alternativa no cuenta con apoyos ni en Podemos ni en Ciudadanos.