Nueve comunidades prevén completar el reintegro en 2016

Solo Extremadura ha devuelto toda la paga extra a sus funcionarios

Agencia Tributaria de Madrid
Funcionarios trabajando en una delegación de la Agencia Tributaria de Madrid.

El Gobierno andaluz aprobó el pasado viernes el inicio del procedimiento para pagar en febrero a sus empleados públicos un primer 25% de la paga extra que les retiró en la navidad de 2015 el Ejecutivo central. Andalucía era la única comunidad que aún no había iniciado esta devolución, con lo que en febrero los empleados públicos de todas las regiones habrán recibido, al menos, un 25% de esta paga.

Este primer cuarto de la paga correspondía a los días que los tribunales estaban otorgando a todos los funcionarios que lo habían recurrido.

Otra cosa es cuándo recibirán el resto. Según la ley en la que el Gobierno diseñó cómo se reintegraría el dinero a los funcionarios estatales esta decisión sería “básica potestativa”. Esto quiere decir que las comunidades y los ayuntamientos podrían aplicarla o no “según sus planes de ajuste y la negociación con sus centrales sindicales”.

El Gobierno elaboró su propio calendario. Según dicha planificación, los empleados estatales recibieron un primer 25% en enero de 2015; un segundo 26% en octubre pasado y la mitad restante será abonada “en dos tandas” en 2016. Aunque en un principio, según fuentes sindicales, existió el compromiso de pagar esta mitad en enero de 2016, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, nunca llegó a decirlo públicamente.

Por lo que se refiere al grueso de empleados públicos –1,28 millones– que trabaja para las autonomías, los reintegros están siendo muy desiguales.

De momento, según el balance elaborado por el sindicato de funcionarios CSIF, solo Extremadura ha devuelto a sus trabajadores autonómicos el 100%. La política de aumento de gasto público llevado por esta región en los últimos años le ha permitido materializar esta devolución. Sin embargo, sus cuentas acusan estas prácticas ya que fue la comunidad que más deterioró su déficit público en 2014 –antes de la devolución de la paga–; pasando del 0,99% del PIBregional en 2013 al 2,51% al año siguiente.

De hecho, las estrecheces presupuestarias son la causa que ha llevado al resto de ejecutivos autonómicos a restringir esta devolución. Aunque, a diferencia de hace unos meses, la mayoría de ellas ha hecho ya el ejercicio de diseñar un calendario de reintegro a los empleados autonómicos. La mayoría ya han emulado al estado y devuelto otro 26%. Solo Andalucía, Cataluña, Murcia, País Vasco y Aragón no lo han hecho. Aunque esta última Administración tiene previsto abonar un 50% en marzo próximo.

Además, hay nueve regiones que prevén completar el reintegro de la paga extra a lo largo de 2016 (Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid –si la situación económica lo permite– y Comunidad Valenciana).

Por su parte, Baleares lleva el calendario de devolución hasta el 2017 y Navarra hasta enero de 2018.

La mayor incertidumbre reside en Asturias, Murcia, Cataluña y Andalucía, donde no hay calendario cerrado. En las dos últimas regiones, además, sus gobiernos les retiraron pagas posteriores.

Vuelta a la jornada de 35 horas y otras demandas

El Gobierno también ha devuelto a los empleados públicos estatales los tres días de asuntos propios (conocidos como moscos) y los canosos (días adicionales de vacaciones por antigüedad que también les fueron retirados en el decreto de ajustes de julio de 2012.

No obstante, de aquella norma aún queda por restituir una cuestión que no es baladí y no cesan de demandar los sindicatos:la vuelta a la jornada de 35 horas.

En 2012, la inmensa mayoría de los empleados públicos de las comunidades autónomas, los grandes ayuntamientos, varias diputaciones y algunos organismos de la Administración General del Estado, habían logrado pactar una jornada laboral de 35 horas semanales. Pero en julio de ese año el polémico decreto en el que se la paga de Navidad, también fijó para todos los trabajadores del sector público una jornada “mínima” de 37,5 horas semanales. Y todas las administraciones que tenían una jornada inferior tuvieron que elevarla.

Este será uno de los puntos que el sindicato de funcionarios CSIF incluirá entre las demandas que discutirán hoy en su Consejo Sindical –máximo órgano entre congresos–. En esta reunión, su secretario general, Miguel Borra, tiene previsto también hacer un llamamiento a los partidos políticos para que incluyan en sus negociaciones para formar Gobierno, la elaboración de un pacto por las Administraciones que garantice la impartición de servicios públicos.

A pesar de que los Presupuestos de 2016 recogen un incremento salarial para los empleados públicos del 1%, creen que aún se les debe compensar la pérdida de poder adquisitivo por el recorte de sus sueldos en 2010 y su posterior congelación. Asimismo piden, que se pueda sustituir a todos los funcionarios que se jubilan.