Granados escondió un millón de euros en casa de sus suegros

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado poner en libertad al ex secretario general del PP de Madrid y uno de los presuntos cabecillas de la trama de corrupción 'Púnica', Francisco Granados, tras haber sido localizado un maletín con casi un millón de euros en un altillo del dormitorio de la vivienda en la que residen sus suegros en el municipio madrileño de Valdemoro, según informaron fuentes jurídicas.

El magistrado ha denegado la petición efectuada por el exconsejero de la Comunidad de Madrid, entre otros motivos, porque agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron el pasado 18 de diciembre un maletín, que guardaba cerca de un millón de euros en efectivo y se encontraba en el altillo de un armario del dormitorio de sus suegros.

Los padres de su mujer, María Nieves Alarcón, declararon en calidad de imputados por un delito de blanqueo de capitales el pasado 21 de diciembre, sin ofrecer una explicación convincente del origen del dinero.

Granados se encuentra en la prisión de Estremera desde el pasado 31 de octubre, día en el que también ingresó en la cárcel su socio y amigo de la infancia, David Marjaliza, quien ha aportado a la Audiencia Nacional la escritura de una finca en Valdemoro para intentar cubrir la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez Eloy Velasco para salir de la cárcel.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 está tasando la finca antes de acordar la puesta en libertad de Marjaliza, tras haber destacado su “dinámica de colaboración con la Justicia” durante la instrucción que le llevó a admitir hechos que se le atribuyen, aportar “evidencias documentales incriminatorias” y auxiliar al juzgado en “la recuperación de activos de origen delictivo”.

El magistrado destacó que los investigadores han recibido informaciones procedentes de los testaferros del constructor y de sus “colaboradores más inmediatos”, en referencia a su secretaria, Ana María Ramírez.

Granados y Marjaliza están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.