Reindustrializar la economía para reactivar el país
El nuevo Gobierno tiene que cambiar radicalmente de prioridades respecto a las mantenidas hasta ahora. El principal reto es, sin duda, la creación de empleo de calidad. No es cuestión solo de números, sino de recuperar, al menos, la calidad del empleo existente antes de la aplicación de la reforma laboral de 2012. Pero esto no se consigue solo con normas, sino afrontando con decisión un cambio de la estructura económica de nuestro país.
La experiencia demuestra que cualquier economía solida está sustentada en una industria fuerte, que garantiza un crecimiento económico y de empleo estable. No basta con incorporar la idea de la reindustrialización al discurso político, como hizo el Gobierno en funciones, sino crear las condiciones necesarias para que la industria que aún subsiste se desarrolle, y se cree nuevo tejido empresarial que ocupe el lugar del destruido.
Las cifras son claras. La falta de una apuesta por la industria nos sitúa lejos de poder cumplir el objetivo europeo de alcanzar el 20% del PIB en 2020 –actualmente estamos en el 16%. Además, en el período 2008–2015 se perdió el 24% del empleo industrial y el 20% de su tejido empresarial. España necesita un cambio de mentalidad para llevar a cabo esa transformación económica. El conjunto de la sociedad ha de interiorizar que el futuro no pasa por la “terciarización”, siendo un país de servicios, sino por ser un país de producción, que va a permitir desarrollar un sector servicios en torno a la industria con una base firme.
Conseguir el cambio estructural que propugnamos es una tarea de Estado, de todas las Administraciones, de todas las Instituciones. Y para eso necesita un plan de acción dirigido a diseñar y desarrollar una verdadera política industrial para, como he mencionado, reindustrializar la economía, generar empleo estable y con derechos y reactivar al país, que implique al conjunto de las administraciones públicas, desde las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos, negociada con los agentes sociales y dotada presupuestariamente, que cuente con unos objetivos específicos claros, concretos, cuantificados y delimitados en el tiempo, homogéneos con los existentes en los países europeos que son nuestro referente.
Todos los sectores económicos has de tener cabida, pero equilibrando las participaciones de cada uno, para alcanzar el desarrollo económico que todos deseamos.
Tanto los objetivos, como las medidas a adoptar para conseguirlos, han de estar basados en un adecuado y compartido diagnóstico, mediante un auténtico diálogo social en materia de industria, desarrollado en una Mesa Tripartita de la Industria, encargada de diseñar y evaluar las medidas que afecten a la industria con carácter transversal. Las actuaciones en pro de la industria han de ser, fundamentalmente, de carácter sectorial, complementadas con actuaciones horizontales, pero debidamente sectorializadas. Los instrumentos de apoyo a los sectores –tanto créditos, subvenciones o medidas no dinerarias– habrían de someterse al cumplimiento estricto de condiciones, destacando la creación o mantenimiento del empleo; la preservación futura de la actividad industrial; y estar vinculadas al esfuerzo inversor realizado por la empresa.
Se trataría de un acuerdo social para mejorar la competitividad de los factores productivos clave; asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible; impulsar el I+D+i; apoyar la competitividad de las pyme; apoyar la internacionalización de las empresas industriales y la diversificación de mercados; apostar por la inversión, tanto privada como pública, mejorar la dotación en infraestructuras, disponer de un sistema educativo cualificante, dirigido a la empleabilidad, que estimule la formación permanente, y dotarnos de una normativa laboral dirigida que fomente la estabilidad y la negociación colectiva. Por tanto, el objetivo último es conseguir un sector industrial sólido, fuerte y diversificado, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la base de la competitividad de nuestra industria ha de ser la calidad, el diseño, la innovación, la tecnología y el uso eficiente de los recursos, y no competir exclusivamente en costes, y mucho menos en reducir los laborales.
Es por ello que, reclamamos al nuevo gobierno un compromiso claro con la industria y con lo que esto supone de desarrollo de otros sectores como la construcción y los servicios. Más industria y más empleo de calidad permitirá, en mejores condiciones, unos sistemas dignos de pensiones, sanitario, educativo, de dependencia, de cobertura por desempleo, en definitiva, preservar nuestro Estado de Bienestar.
Apostar por la industria es apostar por el futuro del país, y por eso es el principal reto a afrontar.
Carlos Romero González es Secretario General de MCA–UGT.