Editorial

Blindar Europa a un coste razonable

La seguridad en internet ha pasado de ser un problema limitado a las empresas y a los propios usuarios a convertirse en una seria cuestión de Estado que atañe no solo a la economía, sino también a la defensa. Dado que la red no conoce fronteras, esa cuestión no puede abordarse de forma unilateral, sino que tiene que analizarse desde la cooperación entre países, instituciones, operadores y proveedores de servicios. Conscientes de ello, el Parlamento Europeo y los 28 Estados miembros de la UE pactaron ayer una directiva sobre ciberseguridad, la primera norma de rango europeo que busca reforzar la vigilancia de las redes informáticas que sostienen servicios esenciales en Europa, como es el caso de la energía, la sanidad, la distribución de agua, el transporte o la banca.

Los Gobiernos de los 28 deberán identificar a los proveedores de estos servicios en sus territorios y aplicarles una supervisión especialmente estricta. Las empresas afectadas tendrán, a su vez, que elaborar planes rigurosos de seguridad informática y notificar a las autoridades cualquier incidencia. La normativa afectará también a las empresas digitales, incluidas plataformas de comercio electrónico, comoeBay, buscadores, como Google, o nubes, como iCloud.

La iniciativa acordada ayer en Bruselas no es nueva. Las fuertes inversiones que exige su adopción bloquearon en 2013 su aprobación, dado que algunos países se resistieron a apoyar una norma cuya factura resultaba especialmente gravosa en el contexto de la crisis. Pero el ataque yihadista que Francia ha sufrido hace apenas un mes ha vuelto a poner sobre la mesa la urgente necesidad de levantar un frente común en Europa contra el terrorismo, una de cuyas vías de financiación se nutre de la impunidad que facilita el comercio electrónico y que tiene en todos estos servicios esenciales un blanco de gran potencial destructivo. El Ecofin (ministros de Economía y Finanzas de la UE) analizó también ayer en Bruselas, entre otras cuestiones, la urgencia de adoptar medidas comunes para bloquear la financiación del terrorismo. Desde Francia se pide restringir las monedas virtuales, como el bitcoin, así como las tarjetas prepago y otras formas de dinero electrónico.

La millonaria factura de la nueva directiva –que en los casos de mayor vigilancia exigirá inversiones por valor de 2.000 millones de euros– caerá sobre el sector público, pero también sobre el privado. La importancia de blindar Europa frente a ataques cibernéticos sobre los servicios esenciales es vital e indiscutible, como también lo es cortar el grifo de la financiación al terrorismo yihadista. Pero la crucial coyuntura económica que vive actualmente el continente hace más necesario que nunca exigir que esta directiva resulte clara, transparente y eficaz. Pero también que no sobrecargue a las empresas con una inversión que sobrepase lo necesario y lo razonable.

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