“No estamos condenados a trabajar más y cobrar menos pensión”
La máxima voz económica de Podemos defiende un sustancial aumento del gasto público Apuesta por eliminar deducciones “regresivas” como la reducción por planes de pensiones.
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El programa de Podemos para las elecciones del 20 de diciembre pivota sobre la idea que el incremento del gasto público se traduce en mayor crecimiento y bienestar. Nacho Álvarez (Madrid, 1977), profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, es el responsable de las medidas económicas de la formación morada y, por lo tanto, lleva meses escuchando la misma pregunta: “¿Y esto, quién lo paga?”. Defiende que sus propuestas son financiables a través de una reforma fiscal, de la lucha contra el fraude y del retorno que generaría un aumento del gasto público.
¿Qué le diría a un elector para convencerle de que sus propuestas son viables?
Le diría que nuestras propuestas son viables desde el punto de vista técnico y económico. Además, son deseables para garantizar que la salida de la crisis beneficia a la mayoría social.
Proponen un IVA del 25% solo para bienes de lujo, algo que Europa prohíbe.
La directiva no se pronuncia sobre un hipotético tipo incrementado y contempla excepciones, como la posibilidad para algunos países de aplicar tipos reducidos inferiores al suelo establecido, que es del 5%.
Ningún país ha podido aplicar un IVA exclusivo sobre el lujo.
Existe margen para la negociación.
También proponen bajar el IVA de los suministros del 21% al 10% y aplicar el tipo del 4% a un mayor número de alimentos. ¿Habrá una pérdida de ingresos que no se compensará con el IVA sobre el lujo?
Las rebajas fiscales del PP y C's solo emplazan a futuros recortes del Estado de bienestar
Se perderían 4.000 millones de recaudación, el 0,4% del PIB, que compensaremos por otras vías. Lo importante es incrementar la progresividad.
Ciudadanos y el PP han anunciado una rebaja del IRPF. ¿Podemos va en el sentido opuesto?
Incrementar los tipos –y sobre todo los tramos– para rentas superiores a 60.000 euros permite aumentar netamente la progresividad. Este cambio afectaría solo al 5% de las declaraciones que, sin embargo, representan al 20% de la recaudación. Las rebajas del PP y de Ciudadanos solo emplazan a futuros recortes del Estado de bienestar.
Hablan de eliminar deducciones que tienen “carácter regresivo”. ¿Se refiere a la reducción por aportaciones a planes de pensiones?
Sí, proponemos eliminar esta deducción. No tiene sentido financiar planes privados con cargo a fondos públicos.
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¿Volver a un impuesto de sociedades al 30% no ahuyentará la inversión?
No es importante establecer si es mejor un tipo del 25% o del 30%, sino acercar el tipo efectivo al nominal. La gran empresa tributa por debajo del 10%.
Pablo Iglesias dijo que “no se puede gobernar al gusto del Ibex y también de los autónomos”. ¿Está de acuerdo?
En buena medida sí, puesto que la mayor parte de las pymes tributa a tipos superiores que los aplicados por grandes empresas. Que pague más quien gane más.
Pretenden recaudar 8.200 millones adicionales el primer año y 39.000 millones a lo largo de la legislatura. Esto no lo ha logrado el actual Gobierno ni aprobando la mayor subida fiscal de la historia.
Con nuestro programa, la recaudación por sociedades se incrementaría 10.000 millones de euros, sobre todo a través de la eliminación de las deducciones. El cambio en el IRPF aportaría otros 10.000 millones y 10.000 millones más vendrían de otras figuras tributarias: impuesto sobre las transacciones financieras, impuesto de solidaridad sobre los bancos y modificación del impuesto del patrimonio.
Otra fuente de ingresos es la lucha contra el fraude fiscal, pero se trata de dinero que se puede recuperar...
... o no. Por esta razón hemos sido cautelosos y hablamos de unos 10.000 millones al final de la legislatura, que no es una cifra ambiciosa. Dotaremos con más recursos a la Agencia Tributaria, ampliaremos la plantilla y enfocaremos el grueso de su actividad sobre las grandes empresas y las rentas más altas, que es donde se concentra el 70% del fraude.
Debemos elegir entre una reducción del déficit público rápida o una reducción del paro
Proponen ir a Europa y renegociar una senda de reducción del déficit más flexible. ¿Qué le hace pensar que Bruselas aceptará?
Queremos acogernos a las propias excepciones que contempla el Pacto de Estabilidad ante determinadas situaciones económicas o sociales. Pienso, por ejemplo, en lo que ha hecho el presidente francés, François Hollande, al subir los gastos en seguridad. El Gobierno español debería elegir entre la reducción rápida del déficit o del desempleo.
¿Sustentar ese mayor gasto implicaría elevar la deuda pública?
De acuerdo a nuestros cálculos, la ratio de la deuda pública sobre el PIB no aumentaría. Para ello, tenemos que apuntalar al crecimiento económico. Difícilmente podríamos hacerlo si tenemos que cumplir con la ortodoxia fiscal que no contempla la excepcionalidad macroeconómica de nuestro país y la necesidad de una política anticíclica.
¿En qué se diferencia el complemento salarial que propone Ciudadanos y su programa de renta complementaria?
Hay tres diferencias importantes. En primer lugar, con la propuesta de Ciudadanos los hogares que carecen de un ingreso siguen desprotegidos. Por otra parte, el complemento salarial es creciente, por lo tanto, introduce un elemento regresivo con el que no estamos de acuerdo. En tercer lugar, Ciudadanos plantea que el salario mínimo no aumente; de facto, están subvencionando al trabajo precario. Nosotros proponemos un incentivo para que aquellas familias que están cubiertas por la renta garantizada puedan dar el salto al trabajo. En el País Vasco, donde se aplica, se ha demostrado que no se traduce en una caída de los salarios.
¿Por qué se oponen al contrato único?
Todas las reformas laborales tenían por objetivo reducir la dualidad del mercado del trabajo, pero lo han hecho erosionando la protección de los contratos indefinidos. La solución no es dejar una única figura contractual con una nula protección al despido durante los primeros años.
Teniendo en cuenta la evolución demográfica, ¿no cree que peligra el sistema de pensiones si no se aprueba una reforma? ¿Es favorable a financiar la seguridad social con impuestos?
Los españoles no están condenados a trabajar más tiempo y cobrar una pensión más baja. En los últimos 25 años la ratio entre cotizantes y pensionistas ha pasado del 15% al 45%, y esto ha sido compatible con el superávit y un Fondo de Reserva que, al principio de la crisis, era de más de 60.000 millones. Es que al hablar de pensiones siempre se hurta una variable: la productividad. Su crecimiento permite que la socialización de la riqueza sustente a las pensiones. Por otra parte, estamos a favor de abrir la financiación de las pensiones a la vía impositiva.
Cuadrar las cuentas con el multiplicador
Los multiplicadores fiscales son un elemento esencial para comprender el programa electoral de Podemos. Respecto a 2015, el partido propone aumentar el gasto público los dos primeros años de legislatura en 64.000 millones y en otros 70.0000 millones en 2018 y 2019. En total, el incremento del gasto alcanza los 134.000 millones, lo que supone un desembolso adicional de 96.000 millones respecto al programa de estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas. Para entender la magnitud de esta cifra, basta recordar que la recaudación anual del IRPF y del impuesto sobre sociedades no llega a 92.000 millones.
Podemos sostiene que buena parte de este incremento del gasto se financiará a través de los multiplicadores fiscales. La idea es que la inyección de dinero del Estado generará mayor actividad económica, impulsará el crecimiento del PIB y provocará un retorno en forma de más recaudación. En concreto, “por cada 100 euros que gasta el sector público, la recaudación aumenta en 40 euros”, sostiene el programa electoral. “El debate de cualquier macroeconomista en los últimos años se ha centrado en el valor de los multiplicadores fiscales”, señala Nacho Álvarez cuando se le plantea si la estimación puede resultar demasiado optimista. El economista también recuerda que el FMI tuvo que entonar el mea culpa por subestimar el efecto contractivo de la austeridad.