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Tribuna
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El problema de las pensiones

La presente legislatura termina con menos afiliados ocupados a la Seguridad Social, lo cual contrasta con el triunfalismo del Gobierno cuando exhibe sus pretendidos logros en el mercado laboral. Desgraciadamente, hemos pasado de una media de 17 millones 443.000 de afiliados ocupados de enero a noviembre de 2011, a otra de 17 millones 69.000 para los mismos meses de 2015, según datos del ministerio de Empleo. Es decir, que se han destruido 379.000 cotizantes, en dicho periodo.

En contrapartida, en la presente Legislatura, los pensionistas (jubilados, viudedad, etc) han aumentado en 388.000 hasta situarse en 8,4 millones. De ellos, 5,6 millones son jubilados, frente a los 5,3 millones que había a finales de 2011.

Tengamos en cuenta que, como en la mayoría de países de la UE, el modelo español es de reparto (pay as you go, PAYG, por sus siglas en inglés), es decir, está basado en la solidaridad intergeneracional. Los cotizantes actuales pagan la factura de los pensionistas, como las nuevas generaciones lo harán con ellos en el futuro. Pero el sistema es sostenible en términos financieros si se mantiene cierto equilibrio en la tasa de dependencia (la ratio entre el número de cotizantes y el de pensionistas), lo que no es el caso en España, donde se viene reduciendo progresivamente. En caso contrario deberá crecer el empleo o la productividad, pero también modificar el tipo de cotización, etc.

En este sentido, la evolución de los ingresos y gastos contributivos está condicionada por la de sus principales partidas: las cotizaciones sociales en ingresos y las pensiones contributivas en gastos. Así, es el volumen de cotizantes y su salario, lo que determina el total de ingresos del sistema. En el lado opuesto, el volumen de gasto, depende del número de pensionistas y de la cuantía de sus prestaciones económicas (gasto por pensión).

Por ello, es importante analizar uno de los principales indicadores de la sostenibilidad del sistema de pensiones denominado tasa de dependencia: número de cotizantes (afiliados ocupados + afiliados desempleados) entre pensionistas. Así, según el ministerio de Empleo, se obtiene una ratio de 2,26, frente a 2,47 de 2011 lo que confirma el deterioro de dicha tasa.

Pero la situación empeora si tenemos en cuenta solamente a los afiliados ocupados, y se excluye a los desempleados afiliados (el Estado cotiza durante el tiempo que cobran prestación), ya que se obtiene una ratio de 2. Es decir, estamos en el límite de la sostenibilidad del sistema ya que dos cotizantes mantienen a un pensionista. Y esto es un grave problema.

Si queremos garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones la tasa de dependencia debiera situarse entre 2,5 y 3. Sin embargo, el problema no es solo cuantitativo, es decir, que tengamos menos cotizantes y más pensionistas, sino también hay que tener en cuenta otros factores que amenazan el sistema. El primero se debe a que los gastos han crecido puesto que la pensión media ha aumentado y se ha situado en 2015 en 892 euros, un 1,9% más que en 2014. Por lo que respecta a la pensión de jubilación, la media se sitúa en 1.028 euros al mes, casi un 2,2% más que en el mismo mes del año anterior. Hay que destacar que está disminuyendo el número de beneficiarios que cobran el desempleo y, por tanto, el Servicio Público de Empleo Estatal no cotiza por ellos. Tengamos en cuenta que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha bajado del 69,5% en 2011 hasta el 54,3% actualmente (disminución de más de quince puntos porcentuales).

A todo ello hay que añadir que la última Reforma Laboral ha provocado la disminución de los salarios. Además, los nuevos puestos de trabajo que se crean son de bajo valor añadido y baja productividad, lo que repercute en bajos salarios y, por consiguiente, menores ingresos en la Seguridad Social. Bajar los salarios y las pensiones reducirá los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social con efectos negativos en el Estado del Bienestar. Así, en España la pensión media es el equivalente al 50% con relación al salario medio. Mientras que en los países de nuestro entorno equivale al 75%.

Casi con toda seguridad las pensiones serán, junto con la reforma de la Constitución, el asunto estrella de la próxima legislatura que deberá priorizar la aplicación de medidas para aumentar los ingresos del Sistema y acabar con el alto nivel de desempleo, la devaluación salarial y la precariedad en el empleo. Atentos.

Vicente Castelló es profesor de la Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.

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