Respeto a la ley o nuevas elecciones en Cataluña
En una nota titulada Corregir el rumbo de la política catalana, este influyente lobby empresarial se pronuncia con una especial contundencia contra la resolución independentista aprobada el pasado 9 de noviembre y pide que tras las elecciones generales se promueva una “reforma política” para dar respuesta al “amplio malestar social” que hay en Cataluña con el actual modelo de Estado.
Y es que, en opinión del Círculo, esa declaración independentista “no solo quiebra la legalidad”, sino que, “al no existir siquiera una amplia mayoría social a su favor, el riesgo de seria fractura social se acrecienta”.
La Junta Directiva de esta institución, presidida por Antón Costas, advierte en la nota que esa resolución, aprobada con los votos de Junts pel Sí (CDC y ERC) y la CUP, dada la “ruptura de la legalidad” que implica, ha tenido ya de entrada “efectos negativos ciertos y objetivos en las decisiones empresariales de inversión así como en la localización de sedes corporativas en Cataluña”.
En este punto, esta entidad avisa de que la “inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial” creada por esa declaración son “altamente perjudiciales para la fortaleza de la economía catalana, la creación de riqueza y la generación de empleo”.
Y en este punto, añade que esos efectos se “magnificarían de conformarse la formación de un gobierno de mayoría inestable, sometido a condiciones de plazo y comprometido con políticas y regulaciones susceptibles de crear una fuerte incertidumbre en las empresas, los inversores y los ahorradores”.
“Consideramos urgente rectificar ese rumbo y formar un gobierno con mayoría parlamentaria estable y respetuosa con la legalidad. De no ser posible, pensamos que la vía adecuada es convocar nuevas elecciones”, sentencia la nota.
Poco después de la aprobación de la resolución con la que el Parlament daba por iniciado el proceso de ruptura con el resto de España, el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, ya dejó claro que esta institución no podía apoyar “decisiones unilaterales” sobre el futuro político de Cataluña, y pidió “respeto a las reglas del Estado de derecho” y a la “pluralidad social” de Cataluña.
En este punto, el Círculo recuerda su apuesta por una consulta “legal y acordada” sobre el futuro político de Cataluña y avisa a los independentistas que, si bien las elecciones del pasado 27 de septiembre ha “fortalecido” su posición, ello no puede ser entendido como un “cheque en blanco para alterar de forma unilateral el ordenamiento legal, tal como se ha hecho desde el Parlament”.
“Esa aspiración es legítima, pero debe encauzarse por caminos democráticos y no a través de la ruptura de la legalidad”, argumenta esta institución, que al mismo tiempo constata el “profundo y amplio malestar” que existe en Cataluña con el funcionamiento del Estado de las autonomías.
En cuanto a la postura del Gobierno y de los partidos políticos de ámbito estatal, opina que han sido “renuentes” a dar respuesta política a ese malestar social, y lamenta que ese “quietismo no ha hecho sino aumentar la frustración y el malestar con el funcionamiento del modelo”.
Por ello, el Círculo pone el acento en que las elecciones generales del próximo 20 de diciembre son una “oportunidad” para poner en marcha una “reforma política y territorial” que permita conciliar “el principio democrático con el principio de legalidad”.
En este sentido, esta institución pide que en el momento mismo de apertura de la nueva legislatura se convoque “la comisión parlamentaria para la reforma política”, ya que no hacerlo sería “alimentar aún más la frustración y el malestar”, advierte el Círculo, que muestra su “esperanza en que esa reforma política es” posible” y su voluntad de contribuir a ello.