Una grieta que hay que cerrar cuanto antes

La aprobación ayer en el Parlamento de Cataluña de una resolución para iniciar “el proceso de creación del Estado catalán” constituye el mayor reto político de la historia reciente de España. El texto, que ha salido adelante gracias a los votos de Junts pel Sí, el partido que integra a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la CUP, supone una muestra de grave irresponsabilidad política, así como de absoluto desprecio por el principio de legalidad y por los valores que sustentan la convivencia democrática en nuestro país. Frente al binomio de Junts pel Sí y CUP, que suman mayoría absoluta en la cámara catalana aunque no representan siquiera la mitad del voto en la comunidad autónoma, la resolución contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí que es pot.

El desafío soberanista catalán –un desafío manifiestamente ilegal incluso aunque hubiese sido respaldado por la totalidad de las fuerzas políticas– ha sido respondido con rapidez, firmeza y claridad por el Gobierno. Mariano Rajoy anunciaba ayer la decisión del Ejecutivo de recurrir ante el Tribunal Constitucional de forma urgente, y tras el preceptivo informe del Consejo de Estado, la resolución independentista. Dado que cualquier recurso interpuesto por el Gobierno ante el Alto Tribunal incluye la suspensión automática del acto recurrido, el órdago soberanista quedará sin efecto jurídico alguno a partir de mañana, fecha en que está prevista la apelación al Constitucional. En su comparecencia de ayer, breve pero contundente, Rajoy aseguró que no permitirá la desconexión de Cataluña y que utilizará para ello “solo el Estado de Derecho, pero toda la fuerza del Estado de Derecho”. Una potestad que pasa, en caso de que llegue a ser necesario, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es decir, por la suspensión de la autonomía de Cataluña.

Como reconoció el propio Rajoy, lo mejor que puede suceder es que el Gobierno no se vea obligado a llegar a ese extremo. En primer lugar, porque la resolución aprobada ayer abre un grieta que no sólo hay que frenar, sino que también habrá que restaurar. No es España, sino Cataluña, quien puede perder más en un enfrentamiento que rompe todas las reglas del marco constitucional y que supone una deriva sin rumbo en la que la comunidad autónoma se adentra en absoluta soledad. Como no puede ser de otro modo, Rajoy cuenta para abordar este reto con el respaldo de las principales fuerzas políticas, además del soporte de la UE y de la comunidad internacional. “Aquí vamos juntos todos”, advirtió ayer el presidente al aludir al apoyo que le han manifestado en los últimos días los partidos de la oposición. Una cohesión que resulta imprescindible para afrontar la crisis con la máxima rapidez y los mínimos daños a la unidad de España y a la convivencia democrática.