Editorial

Transposición legal a cámara lenta

Si hay algo peor que un retraso en las leyes es el escenario de incertidumbre que este produce. Es lo que ocurre con la transposición a España de la directiva europea sobre eficiencia energética. Conforme a Bruselas, desde el 1 de enero de 2017 todas las viviendas con sistema de refrigeración, de calefacción o de agua caliente centrales deberán contar con aparatos individualizados de medición del consumo. De lo contrario, los propietarios de los inmuebles se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 10.000 euros. Esta norma comunitaria, vigente hace más de tres años, marcó el correspondiente plazo para que cada Estado adaptase su legislación al nuevo marco, y ese periodo expiró ya en junio de 2014 sin que el Gobierno español haya transpuesto aspectos claves para los consumidores afectados, moradores y propietarios de 1,7 millones de viviendas en todo el país. La Organización de Consumidores y Usuarios y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas han urgido con razón al Ministerio de Industria para que haga sus deberes. Y es que, sin la norma legal, que en realidad es trasladar el modelo de otros suministros básicos como luz, teléfono o gas, los consumidores, los propietarios, y los administradores no solo están a ciegas, sino con una espada de Damocles sobre sus cabezas en forma de sanción sin poder hacer nada.

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