El Gobierno mantiene el "mínimo" de 37,5 horas semanales

Hacienda cierra la puerta a volver a las 35 horas en el sector público

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. EFE

Hasta julio de 2012 la inmensa mayoría de los empleados públicos de las comunidades autónomas, los grandes ayuntamientos, varias diputaciones y algunos organismos de la Administración General del Estado, habían logrado pactar una jornada laboral de 35 horas semanales. Pero en julio de ese año el famoso y polémico decreto en el que se retiró a este colectivo la paga de Navidad, incluyó otros recortes. Entre ellos, fijó para todos los trabajadores del sector público una jornada “mínima” de 37,5 horas semanales;y todas las administraciones que tenían una jornada inferior tuvieron que elevarla.

En los últimos meses, los sindicatos de la función pública han tenido varias reuniones con los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se deshicieran los recortes aplicados en 2012 al colectivo. De momento, el Gobierno ha devuelto todos los días de libre disposición que retiró, devolverá toda la paga extra en la Administración General del Estado y ha autorizado dicha devolución al resto de las administraciones.

Si bien, según distintas fuentes sindicales, Hacienda ha cerrado la puerta “de manera tajante” a permitir que se vuelva a la jornada laboral de 35 horas semanales en ninguna administración. La última reunión para hablar de esta cuestión entre los sindicatos de la función pública y Hacienda fue la semana pasada y no solo no se produjo ningún avance sino que los responsables del Gobierno dejaron claro que no rectificarán este recorte, indican los sindicatos.

El argumento del Gobierno, según fuentes del sindicato CSI-F, es que “no da tiempo” a aprobar una ley que permita volver a la situación anterior al recorte, algo que rechazan los técnicos de las principales centrales sindicales presentes en la negociación.

No obstante, el secretario de Acción Sindical de CSI-F, Francisco Camarillo, precisó que las negociaciones con Hacienda aún no están terminadas, por lo que “aún hay margen para insistir”.

Es más, desde UGT recuerdan que “el Gobierno también denegó la devolución de la paga extra en reiteradas ocasiones, y luego decidieron unilateralmente vender que la iban a pagar”.

Por ello, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT), Juan Antonio Gilaber, aseguraba ayer que este sindicato seguirá exigiendo que pueda volverse a las 35 horas semanales. De hecho, señaló que ya hay administraciones buscando fórmulas legales para pactar una reducción de la jornada laboral, que no entre en conflicto con la norma básica aplicable a todo el sector público.

Desde la federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO tampoco renuncian a esta reivindicación. De hecho, en la Administración General del Estado se ha abierto la negociación de la resolución que traspone la jornada mínima al ámbito Estatal y también ahí están intentando rectificar esta situación. Pero al ser una normativa básica, no pueden contravenirla.

Algunos avances en conciliación laboral

La comisión técnica donde los sindicatos de la Mesa de la Función Pública y el Gobierno negocian las condiciones en materia de jornada y horarios para los empleados públicos está reuniéndose está aún abierta. De hecho, aunque los representantes sindicales no han conseguido que el Gobierno vuelva a abrir la puerta a la jornada de 35 horas, sí están haciendo otro tipo de avances.

El secretario de Acción Sindical de CSI-F, Francisco Camarillo, aseguró que ya existe compromiso de Hacienda para flexibilizar la jornada intensiva en verano en la Administración General del Estado de forma que esta empiece a las 07.30 horas y no a las 08.00 como en la actualidad. Asimismo, esta jornada intensiva se ampliará desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre para los padres con hijos menores de doce años, también para los trabajadores de la Administración estatal.

Otro de los avances que podrían cerrarse es la posibilidad de que los empleados públicos de dicha administración puedan disponer de forma individual de hasta nueve días de sus vacaciones, en lugar de los cinco días como máximo actuales.

Y en materia sanitaria, los sindicatos habrían conseguido que los trabajadores que se reincorporen al trabajo tras una bajar por haber padecido cáncer podrán disfrutar de hasta dos meses de jornada reducida sin reducción de sueldo. Igualmente se ampliará a uno o dos días el permiso para rehabilitación tras determinadas pruebas invasivas de diagnóstico.

Dicho todo esto, la otra gran reivindicación sindical que Hacienda se resiste a conceder es la eliminación de los descuentos salariales a los trabajadores de baja médica. Si bien, desde CSI-F confían en pactar una serie de patologías en las que no apliquen estos descuentos.

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