El País Vasco cierra filas en defensa del concierto económico
Pocos elementos unen más en el País Vasco que la defensa del concierto económico. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha leído una declaración institucional en la que advierte de que el régimen foral es “un elemento esencial del pacto político de convivencia entre Euskadi y el Estado español”. Una postura ampliamente compartida por todo el espectro político de Euskadi. Su declaración se produce después de que hasta nueve comunidades criticaran en su evaluación del modelo de financiación el particular sistema que rige en el País Vasco y Navarra. Para la mayoría de comunidades del régimen común, el concierto vasco o el convenio navarro supone un privilegio que permite que ambas autonomías gocen de más recursos y, pese a ser regiones ricas, no aporten recursos a la solidaridad interterritorial.
Urkullu hizo hincapié en que el concierto económico es “un sistema de riesgo unilateral”, ya que “Euskadi siempre debe aportar el cupo [la aportación al Estado] independientemente de la evolución de la recaudación”. Por lo tanto, “los beneficios o perjuicios derivados de una buena o mala gestión tributaria y presupuestaria en Euskadi corresponden al conjunto de sus instituciones y repercutirán en exclusiva sobre la sociedad vasca”. En este sentido, el lehendakari destacó la gestión que hace Euskadi del concierto económico y recordó que “Euskadi ha abonado siempre el cupo”.
También defendió que el País Vasco es solidario con el Estado porque “aporta por encima de lo que le corresponde” y explicó que la contribución vasca está fijada en el 6,24% cuando la ratio de población es del 4,6% y la de riqueza del 6,07%. Su opinión es refutada por estudios de expertos como el director de Fedea, Ángel de la Fuente, responsable de la metodología para calcular las balanzas fiscales que publica cada año el Ministerio de Hacienda. Los últimos datos oficiales reflejan que la financiación por habitante del País Vasco alcanzó los 4.292 euros en 2012, un importe que duplica la media de las comunidades de régimen común, que apenas alcanzan los 2.000 euros per cápita. De la Fuente asegura que el concierto económico, que implica que las autoridades del País Vasco recauden todos los impuestos y abonen una parte (el cupo) al Estado, no genera por sí mismo desigualdad. Sin embargo, defiende que la forma de calcular la aportación es muy discutible y resulta muy beneficiosa para el País Vasco. De la Fuente estima que si el cupo se calculara de forma correcta, el País Vasco contaría con 4.500 millones menos, que estarían en manos de la caja común. País Vasco y Navarra son, por este orden, la segunda y la tercera comunidad con mayor renta per cápita y, sin embargo, gozan de superávit fiscal respecto a la Administración central. Para De la Fuente, ello significa que “ambas comunidades están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres”.
A nivel estatal, el PSOE y el PPse han mostrado partidarios a mantener el concierto económico, contradiciendo así la opinión de comunidades gobernadas por estos partidos como Andalucía (PSOE)o Madrid (PP) que han reclamado un cambio en profundidad del sistema. Ciudadanos es el único de los partidos que pueden resultar determinantes tras las elecciones que aboga por eliminar el concierto.