Editorial

Desincentivar la morosidad fiscal

La primera lista negra de morosos con Hacienda contiene 5.000 nombres de contribuyentes que se harán públicos en el mes de diciembre. Los afectados, en su mayoría empresas, serán notificados en breve de su inclusión en el listado y dispondrán de un plazo de diez días para realizar alegaciones. La publicación de esos nombres es una de las novedades de la nueva Ley General Tributaria, que prevé dar publicidad a la identidad de los contribuyentes que tengan deudas con Hacienda superiores al millón de euros tras el periodo voluntario de pago. Dado que el número de morosos asciende a 5.000, la deuda pendiente de cobro será como mínimo de 5.000 millones, aunque el importe definitivo será muy superior.

Pese a que se trata de una medida poco usual en la cultura jurídica española, la intención del Gobierno al identificar públicamente a los morosos fiscales no es tanto punitiva como ejemplarizante. A ello hay que sumar el efecto desincentivador en los retrasos que a buen seguro provocará el poder ser incluido en un listado público, por el daño reputacional que esto puede provocar. Se trata de un poderoso aliciente a la hora de cumplir con las obligaciones tributarias, un deber que resulta especialmente importante en una coyuntura económica y fiscal como la que vive hoy España.

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