Editorial

El programa económico de las empresas

La necesidad de que España continúe reformando la economía para consolidar la recuperación es algo que pocos discuten, aunque el contenido y la orientación de esas reformas difieran considerablemente entre unas y otras fuerzas políticas y –en algún caso– hasta puedan poner en riesgo el propio crecimiento. La patronal CEOE-Cepyme se sumaba ayer al debate con un documento claro y pragmático que incluye 15 propuestas dirigidas a los partidos para que estos las tengan en cuenta en sus programas electorales de cara a los comicios del 20D. Hay dos temas que destacan con fuerza en ese texto: la necesidad de una nueva vuelta de tuerca a la reforma fiscal y un paquete de medidas laborales que incentive el empleo fijo y reduzca aún más los costes laborales.

La reforma tributaria que reclaman los empresarios incluye una reivindicación que exige una dosis considerable de voluntad política, pero que resulta indispensable para impulsar el crecimiento en España: coordinar “urgentemente” la inmanejable maraña fiscal que componen las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como podar buena parte del casi centenar de impuestos de las comunidades autónomas. La patronal aboga también por rediseñar el impuesto sobre sociedades, de forma que la base imponible se acerque lo máximo posible al resultado contable de las empresas. El documento insta a bajar los tipos de gravamen elevados y a reducir la progresividad de las tarifas. A ello hay que sumar la eliminación de la tributación en módulos en IRPF e IVA, salvo excepciones.

El fin de estas medidas es reducir la carga tributaria de las empresas españolas y permitirles ganar músculo y capacidad de inversión, pero también aumentar la renta disponible de los ciudadanos e incentivar el consumo. Ambos objetivos son dos pilares imprescindibles para acelerar el ritmo de la recuperación económica y facilitar la creación de empleo. CEOE, que cifra en un 20% el porcentaje de economía sumergida en España, pide un mayor control del fraude que permita compensar esa rebaja impositiva y fija un objetivo: reducir 4,5 puntos la defraudación, lo que daría al erario público 15.000 millones de euros adicionales.

Las propuestas en materia de empleo buscan complementar la última reforma laboral, cuyo éxito ha sido indudable, pero que necesita una segunda vuelta que liberalice un mercado que sigue siendo demasiado rígido. Los empresarios piden al Gobierno que salga de las urnas facilitar la contratación fija, abaratar el despido objetivo, aumentar la flexibilidad de la negociación colectiva y reducir las cotizaciones sociales. Todas ellas son medidas necesarias para que España pueda absorber con mayor celeridad la ingente masa de desempleados que ha dejado la crisis y para aumentar la competitividad de las empresas dentro y fuera de nuestras fronteras.

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