Editorial

Pragmatismo y flexibilidad para Barcelona

Los empresarios hoteleros de Barcelona cifran en 1.400 millones de euros la factura que tendrá para el sector la decisión de Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, de aprobar una moratoria de un año para la construcción de nuevos proyectos de alojamiento turístico. La medida afecta a un total de 50 hoteles cuya apertura estaba prevista entre este año y 2018 –algunos de ellos contaban ya con licencia de actividad– y que iban a aportar 8.613 camas y 6.500 puestos de trabajo. La justificación de Colau para adoptar esa medida es que hay demasiada oferta hotelera en Barcelona; una afirmación que no comparten ni los empresarios hoteleros ni diversos expertos en el sector. Los primeros advierten, además, de que las inversiones a las que afectará la moratoria corren el riesgo de perderse o de trasladarse a otro lugar. Es el caso del millón de euros que había comprometido la cadena de hoteles Bestprice, que serán destinados finalmente a Valencia.

Las cifras de alojamiento y de empleo que supone la paralización de esos proyectos no parecen desmesuradas para una capital como Barcelona, especialmente si se atiende a la categoría de la mayor parte de los hoteles afectados: establecimientos de cinco estrellas y de gran lujo; una modalidad de alojamiento turístico que cuenta con poca presencia en la capital catalana. La rehabilitación de la Torre Agbar, por ejemplo, es uno de los proyectos paralizados por la decisión de Colau. Otro es la construcción de seis hoteles de cinco estrellas que aportarían casi mil plazas a la ciudad, entre ellos, un establecimiento de la cadena Four Seasons.

La legitimidad de Ada Colau para establecer una moratoria de esta naturaleza no está en cuestión. De lo que se trata es de reflexionar sobre las consecuencias económicas de una decisión administrativa y de gobernanza que va a afectar no sólo al sector hotelero, sino a la imagen de Barcelona como ciudad atractiva para invertir. En una coyuntura de recuperación, aprobar una medida como esa constituye un golpe muy importante a la industria turística, uno de los grandes motores de la economía de Cataluña y del resto de España.

La confianza que los electores han depositado en Colau exige el respeto a las grandes líneas de su programa, pero no es un mandato cerrado que implique rigidez o inmovilismo político. Una mirada a la gestión que está llevando a cabo en Madrid Manuela Carmena, que ha ido modificando con diálogo y consenso algunas de sus propuestas iniciales –así ocurrió con la polémica sobre una posible tasa para el turismo o con el régimen de desahucios– puede ser un ejemplo a seguir para conjugar dos premisas que no son incompatibles: respetar el compromiso con los electores y apostar por la flexibilidad y el pragmatismo.

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