La estricta consolidación fiscal autonómica

Los nuevos impuestos amenazan el boom del turismo

El archipiélago la aplicará a las estancias y prevé recaudar 60 millones en 2016.

Ximo Puig quiere imponerla también, pero la falta de consenso puede retrasarl a 2017

Playas de Las Arenas y La Malvarrosa de Valencia
Playas de Las Arenas y La Malvarrosa de Valencia

El turismo es una de las pocas actividades que ha resistido al maremoto de seis años seguidos de crisis. La entrada de visitantes extranjeros y el gasto que realizan, lejos de retroceder, ha ido creciendo progresivamente hasta alcanzar máximos históricos. Y eso no ha pasado desapercibido para los gobernantes de las seis comunidades autónomas que más visitantes reciben (Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana) que, conscientes de la fortaleza de la industria, han empezado a sopesar la posibilidad de imponer tasas a la actividad turística para engordar las debilitadas arcas regionales.

Esta tendencia no es nueva y la inició, no sin titubeos, Canarias, en mayo de 2012. El plan de ajuste que hizo aquel año el Gobierno regional para reconducir las cuentas públicas incluía una tasa por pernoctación o por estancia con la que pretendía recaudar 118 millones de euros. La presión de la industria hotelera la frenó y fue sustituida por un incremento de la imposición indirecta. La región que realmente la inauguró fue Cataluña, que desde noviembre de 2012 cobra una tasa por cada pernoctación, con distintos valores en función de la categoría del establecimiento (desde 2,5 euros en los de cinco estrellas a 0,75 euros en los de tres, dos o una estrella). En poco más de dos años (hasta diciembre de 2014) ha ingresado 82 millones de euros, de los que el 30% se queda en el municipio donde se realizan las estancias y el resto va a la autonomía, que lo destina a actuaciones ligadas al turismo sostenible, al desarrollo de infraestructuras turísticas o a la mejora de la oferta. El 80% de los ingresos obtenidos a través de esta tasa proceden de los hoteles.

Baleares prevé ingresar 60 millones con una tasa que gravará en 2016 cada estancia

El ejemplo catalán ha calado en algunos de los nuevos gobiernos que han surgido de las autonómicas del 24M, en especial los más escorados a la izquierda. Madrid, Andalucía y Canarias no la aplicarán, pero Baleares y la Comunidad Valenciana sí están ultimando tributos en ese sentido. Todas ellas lo hacen con la intención de sanear unas cuentas públicas, que les obligan a seguir realizando ajustes por la vía de los ingresos, ya que la de los gastos parece que está agotada, a tenor de la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas.

No es casualidad que las regiones que han impulsado estas tasas sean las que más problemas están teniendo para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. En 2014, Cataluña y la Comunidad Valenciana cerraron con un déficit del 2,58% y del 2,39% del PIB regional, cuando el techo era del 1,66%, mientras que Baleares llegó al 1,71%. El problema de la comunidad presidida por Francina Armengol está más centrado en la deuda, con un 30,2% del PIB regional hasta marzo, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Cataluña. En el caso de Baleares, su nuevo Ejecutivo, conformado por socialistas y nacionalistas con el apoyo de Podemos, ultima la creación de una tasa turística a modo y semejanza de la ecotasa que se puso en marcha en 2002.

Objetivos de déficit de las comunidades autónomas

Fuentes de la Consejería de Hacienda señalan que se trataría de un tributo que gravaría la estancia, con independencia del número de noches que se pernocte, y que se cobraría en el establecimiento. Los presupuestos autonómicos recogerán, a falta de los últimos detalles, esta nueva figura con la que se espera obtener unos ingresos similares a los de 2002. En el año y medio en el que estuvo en vigor la medida se recaudaron 80 millones, con lo que la estimación inicial de ingresos rondaría los 60 millones anuales. En aquella época, tal y como reconocen esas mismas fuentes, la mayoría de la recaudación se destinó a la compra de fincas públicas para evitar que el boom inmobiliario acabara depredando todo el territorio del archipiélago. Para el próximo año, está previsto que se emplee en actuaciones ligadas al turismo y otras que puedan beneficiar al entorno, como mejoras en las instalaciones de basuras.

También la Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, con el apoyo de Compromís y Podemos, ultima medidas en ese sentido. La falta de consenso y de tiempo para incluir estas medidas en los Presupuestos puede demorar su aplicación hasta 2017. Un calendario que se puede ver modificado, tal y como reconocen desde la Consejería de Hacienda valenciana, en función de si la revisión del modelo de financiación autonómica se culmina o no. El presidente valenciano ya ha anunciado en reiteradas ocasiones que la comunidad que preside está infrafinanciada y que necesitaría al menos 800 millones de euros adicionales para hacer frente a su gasto del día a día. La aplicación de una tasa de estas características, reconocen estas mismas fuentes, necesita de un consenso con los afectados que en estos momentos no existe.

"Las tasas afectan al turismo nacional"

Los hoteleros se sienten los paganos de una mala gestión de las cuentas públicas. En julio, la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) hizo público un manifiesto en el que alertaba sobre el impacto que la combinación de tasas a las pernoctaciones, moratorias y economía sumergida tendría sobre un sector que supone el 10% del PIB. Juan Molas, presidente de Cehat, rechaza la implantación de tasas al turismo por el impacto que puede tener en la competitividad de las empresas, en la actividad y en el empleo. Además, considera que la tasa impuesta en Cataluña no ha afectado a Barcelona, pero sí a determinadas zonas de la costa y al turismo nacional, más sensible a subidas de impuestos. Molas advierte también del hecho de que el dinero que se recaude no se destine a la promoción turística y se opte por otros fines, tal y como propuso ICV antes de que se disolvieran las cortes catalanas.

Respecto a las moratorias turísticas, advierte que el ejemplo de Ada Colau en Barcelona no ha calado todavía en más ayuntamientos. "El negocio hotelero debe contar con un marco jurídico estable porque tiene que haber reinversión permanente", apunta Molas en clara alusión a los proyectos paralizados en Barcelona por la moratoria a los nuevos proyectos de construcción para un año. De hecho, apunta a un hotel de la cadena Bestprice, proyectado para finales de este año, que es el primer proyecto que opta por buscar otra ubicación.

Otro de los caballos de batalla del sector hotelero es la irrupción en el negocio de los apartamentos turísticos, en su gran mayoria no regulados. "No queremos que tengan una regulación tan estricta como la de los hoteles, pero sí consideramos imprescindible unos mínimos legales". Una vez que lo cumplan, apunta Molas, "que se apunten en un registro y que paguen el IBI". Para el presidente de los hoteleros, sin embargo, lo más importante, es que el Ejecutivo central defina obligaciones y derechos de una vivienda turística.

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