Editorial

Apuesta por una España digitalizada

El proceso de digitalización de las infraestructuras en España avanza imparable. La tecnología de fibra óptica ganó 1,2 millones de clientes el último año, lo que constituye casi un 8,6% del parque total de líneas de banda ancha. Un avance alimentado por el tirón de Telefónica y Jazztel, esta última propiedad ahora de Orange. Como contrapartida, la tecnología ADSL, basada en el histórico cable de cobre, sigue en retroceso y ha perdido en el último año un total de 850.000 conexiones, fruto del impulso de las compañías para que los clientes migren hacia la fibra. Se trata de una tendencia que no solo avanza a velocidad excepcional, sino que no ofrece visos de frenarse. Telefónica anunciaba la semana pasada su intención de extender la fibra en el 97% de los hogares españoles en 2020. Se trata de una meta ambiciosa, dado que supone extender la cobertura digital en todo el territorio español, excepto en aquellas zonas en las que técnicamente no sea posible. Como recordaba el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, el motor de la digitalización supondrá eliminar la denominada brecha digital y convertir a España en el único país con servicios tecnológicos en cualquier sitio. “España se ha convertido en el paraíso de las telecomunicaciones”, recalcó el directivo en presencia de representantes de todo el sector.

Sin embargo, y como no puede ser de otra forma, ese esfuerzo empresarial exige de un marco regulador que no obstaculice, sino que respalde el objetivo que se persigue. Se trata de una justa reivindicación por parte de las telecos, dada la ingente inversión que supone para ellas desarrollar y extender en todo el territorio la red de infraestructuras digital. Pero es también una apuesta segura por el futuro de España, puesto que no hay duda de que el presente, pero sobre todo, el porvenir de la economía global tiene perfil digital. La irrupción de internet y de todo lo que lo rodea ha constituido una revolución en la totalidad de los órdenes de la sociedad, desde el ámbito doméstico hasta el público, industrial o empresarial. Se trata de una transformación cuya trascendencia e incidencia se equipara –y para algunos supera– a la de la Revolución Industrial. Una razón más que poderosa para que los poderes públicos sienten con decisión las bases regulatorias necesarias para respaldar ese proceso.

Esa tarea se extiende también a las autoridades europeas, cuyo respaldo al sector de las telecomunicaciones del continente no ha estado siempre a la altura de lo que precisan las compañías y ha ralentizado –cuando no obstaculizado– el desarrollo del mapa digital europeo. En ambos marcos, el nacional y el europeo, el objetivo y la política en materia de telecomunicaciones deben ser uno: situar a España y Europa a la cabeza de la economía digital del futuro.

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