Tribuna

La tarea pendiente de las pensiones de empleo

La previsión social irrumpe de manera impaciente en la cultura previsora de los españoles a la hora de hacer un correcta planificación a la jubilación, siendo un factor fundamental, para el 53% de la población, al decantarse por una oferta laboral. Se trata de potenciar el pilar de la previsión social empresarial sin dejar de lado el individual, creando un sistema privado más desarrollado y resistente para complementar el sistema público que cada día se ve más mermado.

El acceso a planes de empleo se torna vital en un entorno demográfico como el actual. En países como Holanda, Suiza o Suecia este ahorro es obligatorio. Uno de los sistemas más efectivos para generalizar la contratación de planes de pensiones privados y otros productos de ahorro previsión es el implantado en Reino Unido. Allí, el Gobierno ha puesto en marcha en 2012 un sistema por el que las empresas van destinando un tanto por ciento del salario del trabajador a un plan para su jubilación, salvo que el empleado renuncie expresamente al mismo. El conocido como automatice enrollen se generalizará, desde este mismo mes, a todas las empresas de menos de 50 empleados.

En España, la tendencia por parte del órgano gubernamental, parece ser totalmente opuesta. Hasta el pasado 22 de diciembre del 2014, las aportaciones a los planes de empleo se consideraban un salario diferido, y ahora pasarán a engrosar la base de cotización de los empleados, lo que supone un gasto extra para el empleador del 28% en las aportaciones y del 6% para el empleado. El Gobierno avala esta medida, que afecta a cerca de 2,1 millones de partícipes de planes de empleo en España, argumentando que “es un principio esencial que el trabajador tiene derecho a que se cotice por la globosidad de su salario”, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

Esta decisión desincentivará a este instrumento de previsión social, ya que el coste adicional no solo repercute a las actuales empresas que tengan implementado un plan de pensiones de empleo y en sus trabajadores, sino, que será un frenazo a nuevos planes, cuando es más necesario que nunca complementar la jubilación con sistemas privados.

Esta providencia no afectará a los trabajadores con la base de cotización máxima, que son aproximadamente el 4% del total de 16,3 millones de asalariados, pero sí para el resto, que son la mayoría de los partícipes. Según datos de la agencia tributaria, el 81% de los partícipes activos a planes de pensiones, tanto del sistema individual como de empleo, declaran rentas inferiores a los 45.000 euros brutos anuales, por lo que esta podría ser una cifra a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo del número de afectados.

Al margen de la deducción fiscal de las aportaciones por parte del trabajador en IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas), lo preocupante es que afectará mes a mes, sobre todo, a las clases medias y bajas, demandando un desembolso adicional o asumiendo una merma en su contribución.

El 69% sería favorable a que su empresa le ofreciera la oportunidad de destinar un 6% de su salario para un plan de pensiones privado y el 39% de los ahorradores aspiracionales (aquellos a los que le gustaría ahorrar) apoyarían dicha medida.

En la actualidad los ingresos por cotizaciones sociales en España se hallan estancados mientras que los gastos de la seguridad social se encarecen linealmente, motivo por el que la seguridad social demanda, casi permanentemente, a la hucha de pensiones, donde reposan los superávits de los ejercicios pasados.

Con esta tendencia de gasto, podríamos prever que el fondo de reserva se mantendrá activo en torno a cinco años, lo que provocará, sin duda, recortes en el sistema actual, pudiéndose acelerar en función de las tasas de desempleo.

Al margen de que la situación económica mejore progresivamente, tendremos que seguir recurriendo a la hucha de pensiones, debido al incremento de los pensionistas provocado por la jubilación de la generación del baby boom.

Por ello, es lógico y coherente, que un tanto por ciento elevado de la población valore positivamente, que, dentro de la oferta retributiva se incluya como beneficio social la aportación a un plan de pensiones de empleo.

Julio Fernández García es Profesor del IEB.

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