Tribuna

El precio eléctrico y la reforma energética

La entrada en vigor del nuevo sistema de facturación eléctrica por horas y la caducidad de la legislatura aconseja realizar un balance de unos años de intensa actividad regulatoria en el sector eléctrico. En síntesis, la denominada reforma eléctrica ha conseguido el equilibrio financiero mediante la introducción de nuevos impuestos y un recorte generalizado de las actividades reguladas. Por el camino, el Gobierno ha introducido nuevas distorsiones, ha provocado el encarecimiento de los precios mayoristas y ha renunciado a mejorar las señales que reciben consumidores y productores en el largo plazo.

La primera batería de medidas, en septiembre de 2012, introdujo un conjunto de impuestos sobre la generación eléctrica que, tras una accidentada tramitación parlamentaria, adoptó la forma de un impuesto del 7%. Esta primera reforma, que pareció ignorar que el sujeto pasivo de un impuesto no es necesariamente quien soporta su carga económica, incrementó la recaudación a costa de permitir que las empresas generadoras trasladasen a los consumidores gran parte de los nuevos impuestos.

Tras revelarse como insuficiente, el Gobierno se enmendó a sí mismo y, en julio de 2013, previo cambio del titular de la Secretaria de Estado de Energía, aprobaba un segundo paquete normativo. En este caso, sí se trató de una verdadera reforma, que recortaba la retribución de las actividades reguladas (transporte, distribución y régimen especial) con un defecto de origen: al asumir el legado del primer año de legislatura y renunciar a reformar el mercado mayorista, el Gobierno llevó la revisión de algunas actividades como el régimen especial hasta el límite, motivando que España sume más de veinte procesos arbitrales en el Ciadi (centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones), que amenazan la estabilidad financiera del sistema tan precariamente lograda.

¿Qué ocurre en el mercado mayorista? El precio mayorista eléctrico español se sitúa, al contrario que en el pasado, entre los más caros de Europa, a lo que contribuye nuestra peculiar estructura de aprovisionamiento de gas natural, con mayor peso del GNL (gas natural licuado). El problema no es tanto de sobrerretribución de algunas tecnologías, que tanta tinta ha hecho correr, sino más básico: la señal contenida en los precios no es la adecuada ni para los productores ni para los consumidores.

Para los productores, pese a que la mayoría de los 26 GW (gigavatios) de ciclos combinados operativos fueron instalados con unas previsiones de precios incluso inferiores a los actuales, su rentabilidad se ha evaporado por la reducción del factor de carga debido a razones, en general, ajenas a los precios.

Para los consumidores, las distorsiones han aumentado tras la entrada en vigor del PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), con ventajas teóricas e inconvenientes muy reales. La ventaja (teórica) es que aportaría información en tiempo real para adaptar el consumo. Sin embargo, ante la ausencia de contadores inteligentes adaptados, los consumidores deben consultar la página web de REE (red eléctrica de España) con un día de antelación para conocer los precios. Para entendernos, es como si el precio de la gasolina no estuviese visible en la estación de servicio, sino en una página web el día anterior al repostaje.

Los inconvenientes, en cambio, son bastante reales: se traslada al consumidor en toda su brutalidad la volatilidad de los precios, lo que ha llevado a las comercializadoras a ofrecer tarifas fijas. El problema es que para este viaje, casi mejor el (no exento de problemas) extinto mecanismo de las subastas. Al fin y al cabo, las controvertidas subastas Cesur (contratos de energía para el suministro de último recurso) eran organizadas por OMEL (operador del mercado eléctrico), supervisadas por la CNMC (comisión nacional de los mercados y la competencia), y la mayoría de los participantes no eran titulares de grupos generadores.

Con el nuevo sistema, hay solo cinco agentes (comercializadoras de referencia), todos con actividades de generación, y sin que sus ofertas de precio único sean supervisadas con el mismo rigor. Como era de esperar, las tarifas fijas no son nada atractivas. Al final y al cabo, se ha reducido la presión competitiva que ejercían los outsiders en un mercado en el que vendedores (empresas generadoras) y compradores (comercializadoras) pertenecen a un mismo grupo empresarial.

En resumen, tras tres rondas de reformas, tenemos un mercado mayorista con uno de los precios más caros de Europa, con impuestos que han incrementado las distorsiones y un nuevo mecanismo (PVPC) que traslada la volatilidad a los consumidores domésticos y que en lugar de incrementar la presión competitiva la reduce. Cada año, es necesaria una transferencia de 4.000 millones desde los presupuestos generales del Estado para sostener el sistema, convirtiendo el denominado equilibrio financiero eléctrico en una audacia semántica.

Y, finalmente, está pendiente el resultado de los arbitrajes internacionales, cuya potencial factura se cifra en miles de millones. ¿De verdad está todo el trabajo concluido?

Isidoro Tapia es MBA por Wharton y trabaja comoexperto en energía en un organismo multilateral de crédito.

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