Políticas de defensa de la competencia y desigualdad
El pasado mes de julio Joaquín Almunia pronunció una conferencia en el marco de las VIII Jornadas de Defensa de la Competencia en la que, al repasar brevemente los argumentos que la justifican, recordó que la competencia favorece la innovación, crea incentivos a la inversión (lo que fomenta el aumento de la productividad) y facilita la renovación del tejido empresarial. Considero que faltaría añadir otra razón de peso favorable a la defensa de la competencia, muy relevante en el debate actual sobre el alcance de la liberalización de los mercados. Me refiero a la contribución que hacen las políticas de defensa de la competencia a la redistribución de las rentas y, de esa forma, al fomento de la igualdad económica. Dicho de forma esquemática, la competencia favorece la igualdad porque elimina las rentas de monopolio que obtienen las empresas cuando ejercen su poder de mercado. La presión competitiva de los rivales da lugar a reducciones de precios y, en consecuencia, a aumentos de la cantidad demandada, lo cual redunda en mayores niveles de producción y de empleo. El efecto favorable sobre la igualdad se debe tanto a la redistribución que esto genera a favor de los consumidores como al hecho de que quienes, gracias a la caída de precios pueden acceder a consumir bienes que antes no estaban a su alcance, son precisamente los que tienen menor poder adquisitivo. Esto constituye, en términos reales, una redistribución progresiva de la renta. Por ello, junto a la acción redistributiva de la política fiscal y a la movilidad intergeneracional que debería procurar la política educativa, la política de defensa de la competencia tiene un papel muy relevante en la reducción de las desigualdades. Lo poco que se utiliza esta línea argumental por parte de la izquierda de este país quizá sea un reflejo de la incomodidad con las que, tradicionalmente, las posturas progresistas han considerado las políticas de defensa de la competencia.
Por supuesto, una mayor intensidad de la competencia perjudica a las empresas que se beneficiaban de lo que Robbins calificó de “vida tranquila”. Estas empresas y sus trabajadores, verán peligrar parte de sus rentas por la aparición de nuevos rivales. Un claro ejemplo de ello, así como del efecto redistributivo que puede tener la apertura de un mercado, lo proporciona el caso del transporte aéreo, liberalizado desde principios de los años noventa. El efecto positivo que su apertura ha tenido sobre precios, frecuencias y oferta de nuevos destinos es innegable. Si bien las empresas previamente establecidas (las llamadas aerolíneas de bandera) no generaban elevados beneficios, sí que disfrutaban de una situación que les permitía ser ineficientes y conceder salarios y condiciones laborales muy favorables para algunos de sus empleados.
La defensa de los intereses de esos colectivos no puede anteponerse a los efectos positivos (en términos de empleo y de reducción de precios) que los competidores aportan. Las tarifas y volúmenes de tráfico aéreo que se observan en la actualidad, pueden dar una idea del volumen de las rentas que se han redistribuido hacia los consumidores.
Seguramente en la defensa de los intereses de estos trabajadores resida la explicación de las reticencias de la izquierda respecto a las políticas de apertura a la competencia. Sin embargo, considerar como progresista la defensa de posiciones de privilegio en mercados protegidos por regulaciones que no pueden justificarse de otra forma, no se aguanta por ningún lado. Así lo ilustraban recientemente el premio Nobel Jean Tirole y Etienne Wasmer al señalar, refiriéndose al caso francés, que “renunciar a la política de competencia porque ‘no es de izquierdas’ lleva, de facto, a disminuir el poder de compra, y a expulsar de la actividad económica a actores a los que, al contrario, habría que animar”.
No obstante, también contamos con ejemplos de mercados en los que la liberalización ha fracasado. Sectores como la electricidad o la distribución de combustibles no han dado lugar a los efectos positivos esperados, lo cual se explica tanto por las estrategias de las empresas establecidas de bloquear la entrada de potenciales rivales, como por los fallos regulatorios sobre los segmentos que deben continuar siendo gestionados de forma común. Estos ejemplos, lejos de desacreditar la necesidad de políticas que fomenten la competencia, ponen de manifiesto la necesidad de abordarlas de forma más ambiciosa, eliminando las posiciones de privilegio que puedan permanecer.
Javier Asensio. Departamento de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.