Así se gestó la investigación policial contra la CNMV
La investigación de la Policía sobre una presunta trama corrupta en la CNMV se sustenta en los expedientes abiertos a la gestora de carteras Vetusta Wealth Managers, que terminó en nada en 2007, y a la empresa de asesoramiento (Eafi) Dracon Partners. Este último finalizó con una multa de 1,875 millones de euros a la firma y a su fundadora, Sara Pérez Frutos, a inicios de 2015.
Aunque la denuncia de Pérez Frutos ha sido el desencadenante del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), el expediente iniciado en 2005 a la gestora de carteras Vetusta es crucial en la documentación de las eventuales irregularidades en la praxis del supervisor.
La CNMV suspendió en enero de 2007 la actividad de la firma pese a no haber detectado indicios de fraude; en marzo de ese año archivó el expediente y en abril la gestora solicitó la baja. Ayer, en un comunicado, su fundador Guillermo Menéndez Escandón recuerda que Vetusta “fue obligada a cerrar [...] sin tener jamás una reclamación [...] y cumpliendo no solo con el supervisor español, sino con las exigencias de los reguladores norteamericano, inglés e irlandés”.
Escandón asegura que la CNMV le obligó a darse de baja en el registro de brókeres: “El archivo del expediente fue precedido por la demanda inexcusable de que la sociedad gestora de carteras presentara la baja de los registros de la CNMV, así como que, al mismo tiempo, se renunciase al ejercicio de acciones judiciales contra la CNMV”, explica la gestora de carteras en un documento.
Tres claves
Guillermo Menéndez Escandón asegura que Vetusta tuvo como “socios estratégicos” a Banesto y a los bancos de inversión, Legg Mason primero y Piper Jaffray después.
En el momento del cierre, la gestora de carteras contaba con un patrimonio de unos 35 millones de euros en 41 carteras y con 50 empleados que fueron despedidos.
Renta 4 asumió la gestión de las carteras de la firma.
La firma también denuncia que le fue imposible acceder a la totalidad del expediente administrativo, pues desde el organismo, presidido entonces por Manuel Conthe, se aducía que algunos documentos no podían ser entregados atendiendo a razones de confidencialidad.
Eso sí, en ningún caso Vetusta acusó a los técnicos de la CNMV de actuar por motivos de corrupción económica, según las fuentes consultadas.
Otras fuentes conocedoras del funcionamiento del organismo que hoy preside Elvira Rodríguez destacan que, al menos hasta el momento, en el obrar del supervisor ha primado una actuación centrada en arreglar problemas antes que en poner multas. De ahí el final infructuoso de algunos expedientes sancionadores, que se cerraban a cambio de que la entidad cuestionada tomara las medidas oportunas para corregir sus irregularidades. En los casos más extremos, la CNMV forzaba la baja, en teoría voluntaria, de la firma.
Manuel Conthe ha reconocido en una entrevista publicada esta semana en Negocios.com que en su etapa final –el dejó la presidencia de la CNMV en abril de 2007, justo cuando se produjo la baja de Vetusta– hubo un caso en el que se tomó “una decisión muy drástica y luego las irregularidades que se encontraron eran menores a las que se habían temido”.
El caso de Dracon Partners poco tiene que ver con el de Vetusta. Cuando la CNMV revocó su licencia como Eafi en octubre de 2012, Sara Pérez Frutos aseguró que Dracon Partners estaba siendo adquirida por un grupo internacional con licencia de sociedad de valores y gestora de fondos que buscaba acceso al mercado español y que por ello tenía que darse de baja como empresa de asesoramiento, según declaraciones recogidas por Fundspeople.
José María Peyra, del despacho de abogados Sanahuja Miranda, explica que cuentan con una sentencia que obliga a Dracon Partners a abonar a uno de sus clientes 145.000 euros, al estimar parcialmente su demanda. “El problema es que la sociedad está disuelta; en este momento estamos tratando de que se haga cargo el seguro de la Eafi”, explica. Añade que Dracon Partners aconsejaba invertir en warrants cantidades entre 10.000 y 30.000 euros y que la Eafi cobraba el 10% de cada operación.
La firma presentó una querella pero fue archivada
El directivo que capitaneaba Vetusta Wealth Managers, Guillermo Menéndez Escandón, interpuso en diciembre de 2007 una querella criminal contra María José Gómez Yubero, directora de Supervisión de la CNMV en la fecha de los hechos y que a día de hoy continúa trabajando en la casa, y contra Antonio Carrascosa Morales, entonces director general de Entidades del supervisor. Carrascosa fue cesado de ese cargo en mayo de 2007, justo tras la llegada de Julio Segura a la presidencia de la CNMV. Antonio Carrascosa pasó después por PwC; años más tarde, en noviembre de 2012, fue nombrado presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y lo dejó el pasado mes diciembre para irse al fondo de rescate europeo, el MEDE.
La querella criminal, que finalmente fue archivada –es decir, no se hallaron indicios suficientes para seguir adelante con la causa–, solicitaba la imputación de ambos directivos de la CNMV como “presuntos responsables de un delito de prevaricación, falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos y extorsión”.
En la querella, Menéndez Escandón aseguraba que el archivo del expediente sancionador por parte de la CNMV dejaba patente que las alegaciones de Vetusta Wealth Managers “presentadas el día 16 de enero de 2007 dejaban sin fundamento “todas y cada una de las duras acusaciones realizadas por la CNMV y han demostrado finalmente el exceso y desproporcionalidad de la medida adoptada”. Fuentes próximas a Menéndez Escandón señalan que el supervisor de los mercados suspendió de forma inmediata las actividades de Vetusta y ordenó el traspaso de sus carteras sin haberse dado audiencia a Vetusta.
