Las empresas de tecnologías del agua piden mayor inversión
La patronal reclama que se tomen decisiones para que esta actividad pueda salir de “la situación de atonía en la que está sumida desde hace años”
"Insostenibles bajas en las licitaciones, falta de inversiones en infraestructuras y conservación, deudas de las administraciones públicas y ausencia de una normativa global que permita el desarrollo integral del ciclo urbano del agua”. Estos son los problemas que arrastra el sector de tecnologías del agua, según la patronal Asagua, que reclama que se tomen decisiones para que esta actividad pueda salir de “la situación de atonía en la que está sumida desde hace años”.
Esta asociación señala que España precisa 15.000 millones de euros para invertir en nuevas infraestructuras, al mismo tiempo que urge una ley sectorial “que establezca un marco estable y seguro que permita y anime a la inversión privada, así como un régimen económico financiero de utilización del dominio público hidráulico que permita generar ingresos suficientes para cubrir el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes y la ejecución de otras nuevas”.
Asagua, además, considera que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local supuso “una oportunidad perdida”, debido a que el abastecimiento, el saneamiento y la depuración continúan siendo competencias de las entidades locales. Por ello, sugiere que los ayuntamientos deberían dejar de gestionar aguas para pasar a otros niveles administrativos, algo que “conllevaría la creación de un único regulador nacional”.
Antolín Aldonza, portavoz de Asagua, recuerda que la entidad lleva tres años denunciando esta coyuntura, “que ha llevado a las bajas en las licitaciones a unos límites carentes de razón”. Esto es debido, según Aldonza, a los pliegos de cláusulas administrativas y otros factores como la “situación de mercado”.
Asagua manifiesta su deseo de participar en el proceso de aprobación de la normativa
Carga fiscal
Asagua critica que el Ejecutivo “carga al máximo el ajuste fiscal en la inversión”, algo que provoca “un daño irreversible que no solo afecta a las empresas, sino que se acusa en el medioambiente”, y denuncia “la falta de conservación que incide sobre las aguas, situación propiciada por el recorte en la licitación pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.
Aldonza subraya que durante los últimos tres años las ofertas económicas en las licitaciones han alcanzado niveles inviables “y ni los técnicos de la administración se equivocan tanto, ni los de las empresas son tan hábiles”. Asagua afirma que el presupuesto para obras de agua se ha visto reducido a la mitad y que se dan situaciones en las que se abandonan las obras, porque el hecho de finalizarlas causaría pérdidas económicas.
Según Asagua, la carencia de proyectos hace que prime la modalidad de concurso de obra originando una situación ilógica: “La administración pública busca un buen proyecto por el que paga un precio bajo, después de desechar otros por los que no abona nada. Sin embargo, su realización ya ha supuesto un desembolso para esas empresas”. Este organismo no comparte que, cuando se valora más de un criterio, la mejor de las ofertas técnicas no es necesariamente la adjudicataria del proyecto, “con un mal resultado para los intereses públicos”.
Mantenimiento de infraestructuras
La patronal defiende que la conservación de infraestructuras es imprescindible para garantizar el buen funcionamiento de los servicios, así como la seguridad de las personas y los bienes. Así, Asagua concluye que por el valor de ese capital, “sería necesaria una inversión anual en mantenimiento y conservación equivalente al 2% del PIB”. Según esta organización, pese a que el presupuesto de la Dirección General del Agua ha crecido y que hay disponibilidad de fondos del plan Crece, el BOE no publicó hasta hace unas semanas un anuncio de licitación. Algo que supone una falta de adjudicaciones hasta el próximo mes de noviembre y, por tanto, “la anualidad será prácticamente inexistente”.
Asagua manifiesta su deseo de participar en el proceso de aprobación de la normativa, que incluye, entre otras, la Ley del ciclo integral del agua urbana o la Ley de contratos del sector público: “Las asociaciones pedimos que se nos deje exponer nuestras opiniones y criterios”. También, demanda un cambio de sistema para la contratación de actuaciones de emergencia y critica tanto el anterior sistema –en el que las confederaciones proponían una terna de contratistas de entre los que se elegía a uno– como el actual, en el que se invita a cuatro o cinco a presentar ofertas sobre unos precios y un presupuesto, algo que puede generar bajas: “Ni el anterior sistema era bueno, ni este lo es”.
Este organismo vaticina, además, que los planes hidrológicos que deberían aprobarse este año no prometen mejorar la actual situación: “El problema es que no hay dotación para las grandes inversiones necesarias de las confederaciones hidrográficas”.