Alemania, 23.300 millones

España aportará 10.200 millones de euros a Grecia

El Gobierno griego envía al Parlamento las leyes necesarias para recibir un tercer rescate

El ministro griego de finanzas, Euclides Tsakalotos
El ministro griego de finanzas, Euclides Tsakalotos REUTERS

El tercer rescate a Grecia podría alcanzar una cuantía de hasta 86.000 millones de euros, que sufragará en su mayor parte el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo común creado por los países de la zona euro para socorrer a socios en dificultades financieras.

El FMI está asistiendo a las negociaciones del rescate en calidad de acreedor, aunque todavía no está confirmado que en esta nueva ocasión vuelva a prestar fondos a Atenas. Si la institución no se sumara al rescate, y todo su coste corriera a cargo del MEDE, la factura para España ascendería a 10.234 millones de euros, de acuerdo con la cuota de aportación al fondo que le corresponde, del 11,9%.

El mayor contribuyente sería Alemania, con 23.340 millones y una cuota en el MEDE del 27,14%, la mayor de los países de la zona euro. La contribución del FMI al rescate es un aspecto clave para la aprobación de la ayuda en el Parlamento alemán. El primer ministro finlandés, Alex Stubb, también reticente a las ayudas a Grecia, defendió ayer que el FMI tiene “un papel central” en el paquete de rescate.

El Gobierno de Alexis Tsipras alcanzó en la madrugada del martes un principio de acuerdo con los representantes de sus acreedores –BCE, FMI, Comisión Europea y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)– para el desembolso del tercer rescate al país, de una cuantía que podría alcanzar los 86.000 millones de euros.

Grecia ha tenido que plegarse a las exigencias no solo del memorando de entendimiento que implica el rescate, y que incluirá el grueso de las reformas estructurales que se le reclaman a Atenas, sino también a la aplicación de una batería de medidas inmediatas –un total de 35, en su mayoría de contenido fiscal– y sin cuya puesta en marcha previa no habrá tercer rescate. Grecia se ha jugado por tanto estos días la concesión de un rescate global con el que asegurar su financiación durante al menos tres años o tener que recurrir a un nuevo crédito puente –con posibles exigencias adicionales– con el que afrontar el próximo desafío para su maltrecha economía: el pago de 3.400 millones de euros al BCE el 20 de agosto.

El preacuerdo alcanzado ayer incluye aspectos técnicos que deben ahora recibir el visto bueno político para que el rescate, y no un crédito puente, esté disponible en la citada fecha. Tras el principio de acuerdo, tuvo lugar ayer una teleconferencia telefónica del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea en el que estuvieron presentes los número dos de los ministros de Economía y Finanzas de la UE y miembros de la CE y del BCE, encargado de dar su aprobación, como paso previo a la reunión del Eurogrupo que se celebrará el viernes y en la que se daría el visto bueno definitivo al pacto. Así, el Gobierno griego tiene previsto someterlo a votación mañana jueves y la semana próxima pasaría por otros tantos Parlamentos europeos antes de que el MEDE haga un primer desembolso del rescate, por importe de 24.000 millones.

Lo pactado incluye una diferencia sustancial respecto a las anteriores exigencias marcadas para Atenas. Ante la evidencia de la recesión económica, agravada por el reciente control de capitales, Grecia y sus acreedores han acordado que en lugar del objetivo de un superávit primario (excluye el pago de intereses) para este año del 1% del PIB, la exigencia se rebaje a un déficit del 0,25%. Para 2016, se ha previsto un superávit primario del 0,5%; para 2017, del 1,75% y finalmente para 2018, del 3,5%, el objetivo que se había fijado inicialmente. Estos objetivos suponen un ahorro de 20.000 millones respecto a las exigencias anteriores, según ha explicado el gobierno heleno. 

El acuerdo asegura liquidez para refinanciar la deuda hasta el primer semestre de 2018 e incluye la recapitalización de la banca, con una inyección de 10.000 millones con la que eliminar el riesgo de una quita a los depósitos.

Otra de las exigencias, a la que el Gobierno griego se había resistido tiempo atrás, es la creación de un fondo de privatizaciones por una cuantía de 50.000 millones de euros, que se gestionará en un plazo de 30 años en los que maximizar los ingresos. Entre las acciones más inmediatas –la reforma de las pensiones y laboral vendrá en otoño–, Grecia se compromete a eliminar las ventajas fiscales de los agricultores en el uso de combustible, cambios en el impuesto de bienes inmuebles y de la nueva ley que permite el pago de las deudas a Hacienda y la Seguridad Social en cien plazos.

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