Rigor fiscal, con licencias de gasto, para mover la economía
Las cuentas públicas entregadas ayer por el Gobierno en las Cortes son, otra vez, una prórroga confortable de las vigentes, con algunas pequeñas alegrías en el gasto por la presencia de las elecciones generales en lontananza. Por convicción más que por obligación, el Gobierno no gira ni un ápice el rumbo de la política económica que inició en 2012, y fía el presente y el futuro del crecimiento de la economía y del empleo al rigor fiscal, único instrumento que, a su juicio, garantiza la financiación en una economía altamente endeudada y que depende del delgado hilo que manejan los mercados financieros. Las cuentas del Estado están diseñadas para que el sector público interfiera lo menos posible en el desempeño del privado, que es “el que tiene que movilizar la economía”, según el titular de Hacienda.
Tras los tres primeros presupuestos de la legislatura de rigor extremo, el vigente y el de 2016 disponen de más margen para movilizar algunas partidas de gasto hasta ahora condenadas. Los funcionarios vuelven a disponer de subidas de sus sueldos (1%), el empleo público vuelve a reactivarse (se cubre la mitad de las jubilaciones), se destina algo más de dinero a dependencia y se moviliza la inversión pública (4,6%, sin contabilizar las partidas de las sociedades públicas). Tales partidas y las cuantías de sus avances no dan para tildar de electoralista al presupuesto. Hay alguna alegría, pero no hay atisbo alguno de bacanales de gasto, tal como el propio techo de gasto señaló desde el primer día: reducción del 4,4% del gasto general, que además se logra con la simple ayuda del ciclo. La reducción de los gastos de desempleo por la mejora de la ocupación y la rebaja de la factura financiera por la bajada de tipos, pese a subir la deuda bruta, convierten a este presupuesto en el más cómodo del Gobierno de Rajoy.
Pero estas facilidades del gasto se destinan antes que nada a reducir el déficit, que debe descender hasta el 2,8%, por debajo ya del umbral del 3%, que permitirá a España abandonar el protocolo y vigilancia comunitaria de déficit excesivo. El resto, junto con la mejora de la recaudación, que es la más elevada de la historia, se reparte entre esas pequeñas partidas que se expanden ligeramente en 2016: funcionarios, financiación territorial, inversión, políticas activas de empleo (no seguro ni subsidio) o dependencia.
Las cuentas de 2016 pretenden, tal como admite el ministro de Hacienda, ser “coherentes y rigurosas con la política económica que necesita España; reducir el déficit público y la dependencia financiera de España del exterior; reducir el tamaño del Estado para dejar trabajar al sector privado, y limitarnos a cumplir con el gasto social que está reconocido en la legislación”.
Con estos Presupuestos, aseguró Cristóbal Montoro, “nos comprometemos a mantener la política económica que España necesita, si los españoles así lo deciden en las elecciones de fin de año”. Serán las primeras cuentas desde que se inició la crisis que contarán con superávit primario (0,1% del PIB de saldo fiscal antes de pagar los intereses); en las que la economía crecerá con la demanda interna como principal soporte pero sin generar déficit de balanza de pagos, y en la que todo el crecimiento irá a creación de empleo (se estima la generación de 600.000 nuevos ocupados en 2016, con la tasa de paro por debajo del 20%).
El escenario macroeconómico en el que el Gobierno quiere envolver estas cuentas recoge un avance del PIB del 3%, con uno similar en el consumo privado y un tirón del 5,6% en la inversión; contiene también, algo más expansivo de lo acostumbrado, una mejora del consumo público final del 0,3% (triple avance que en 2015). La capacidad de financiación frente al exterior será del 1,6% del PIB, encadenando cuatro años consecutivos con superávit corriente.
Para llegar a un déficit fiscal del 2,8%, Hacienda prevé un avance de los ingresos tributarios del 6,2%, pese a haber ejecutado la bajada del IRPF y tener prevista para enero una adicional de Sociedades. Los gastos no financieros descenderán un 4,4% y la deuda pública sobre PIB disminuirá por vez primera desde el inicio de la crisis (98,2%). Pese a ello, el Tesoro tendrá que hacer frente a emisiones por valor de 231.000 millones, con emisión neta (el resto son refinanciaciones de deuda ya emitida) de 49.500 millones.
En una comparecencia plagada de recados políticos, Montoro retó a los socialistas a debatir en el Congreso si están dispuestos a defender que España tenga más déficit público, teniendo en cuenta que su crecimiento y su financiación dependen del exterior, pues tiene el país unos pasivos netos de cerca del 100% del PIB. “Quien crea que esta política económica y fiscal se puede cambiar tras las elecciones, se equivoca de medio a medio; nosotros no lo haremos; como tampoco dejaremos las cosas como nos las encontramos nosotros en 2011”, sentenció Montoro.