Grecia aprueba hoy la ley que permite aplicar quitas a depósitos bancarios
El Gobierno griego ha remitido al Parlamento el proyecto de ley sobre la reforma del código civil y la directiva europea de saneamiento de bancos, parte del segundo paquete de reformas acordadas con los socios que será sometido a votación hoy mismo.
Este texto recoge cambios en el código civil y la incorporación a la legislación griega de la Directiva europea de Resolución Bancaria (más conocida como BRRD-Bank Recovery and Resolution Directive por sus siglas en inglés), que garantiza los depósitos bancarios hasta 100.000 euros en caso de quita, que ya fue aplicada en Chipre, y que en España entró en vigor el pasado 20 de junio, tras su publicación en el BOE.
En cuanto a la reforma del código civil, abogados y jueces han criticado una falta de información sobre los cambios que prevén.
La directiva europea BRRD
Esta normativa europea tiene su base en la solución que se encontró a la crisis de Chipre, en la cual se realizaron quitas del 50% en los casos en los que se superaban los 100.000 euros y en la que los afectados, como contraprestación, recibieron acciones de la entidad rescatada. Pero aunque esta normativa tenga su base en la crisis chipriota, la BRRD no trata de repetir este caso, de hecho, trata de superar parte de los problemas vividos durante esta crisis y establecer un marco común asumible y útil para todos los países de la Unión. La directiva se establece sobre tres principios clave: la prevención, la intervención temprana y, si no hay más opción, la resolución de las entidades que provoquen inestabilidad. En este último punto, además de crearse el marco europeo de los ‘bancos puente’ que permitan agilizar la liquidación de activos, se establece la piedra angular de la directiva: los acreedores de los bancos sufrirán quitas o se convertirán en accionistas, si llegada la resolución, no existe una solución mejor dentro de las detalladas en la directiva BRRD.
Así, en el texto aprobado por el Parlamento Europeo y la Comisión en 2014, se establece una jerarquía de acreedores que trata de liberar a los contribuyentes y depositantes con menos ingresos, evitando que estos carguen con el precio de un rescate. En primer lugar asumirán una quita los accionistas, los tenedores de deuda junior y senior y los depositantes con importes superiores a 100.000 euros. En segundo lugar, serán los depósitos de particulares y pymes por encima de 100.000 euros los que tendrán que absorber pérdidas, si los accionistas y acreedores del primer grupo han sufrido pérdidas del 100%.
Finalmente, se establece el uso de fondos europeos y/o inyecciones de dinero público en casos excepcionales de crisis sistémicas o inestabilidad financiera, siempre que los accionistas y acreedores hayan asumido previamente al menos el 8% del total de los pasivos de la entidad, el ratio mínimo de pasivos bailinables establecido en la directiva.
Dentro del segundo paquete de medidas prometidas a Europa, en el que se incluyen estas reformas, también se incluía el incremento de la tasación a los ingresos de los agricultores (hasta un 26%) y la restricción de las jubilaciones anticipadas, pero ambas medidas han sido excluidas de la agenda de hoy, debido a la previsible controversia que provocarán en el Parlamento. Estas y el resto de medidas del segundo paquete se espera que pasen el trámite parlamentario en agosto.
El BCE aplaude la propuesta de ley griega
El Banco Central Europeo (BCE) aplaudió ayer el borrador de legislación, que va a debatir hoy el Parlamento griego, sobre las pautas de rescate y resolución de entidades financieras, aunque advierte que ciertas modificaciones que se están planteando pueden socavar la independencia del supervisor bancario en esta materia.
“El BCE aplaude el proyecto de ley, puesto que fortalece las herramientas y procedimientos disponibles para el Banco de Grecia para llevar a cabo su labor de prevención, detección temprana e imposición de medidas de resolución”, apuntó el organismo en un comunicado.
El acuerdo alcanzado entre Grecia y sus acreedores para ofrecer un tercer rescate incluía la obligación de que el país heleno traspusiera la normativa comunitaria sobre resolución de entidades financieras con problemas. La directiva europea sobre esta materia, que será plenamente ejecutiva a partir del 1 de enero de 2016, intenta que los Gobiernos no se hagan cargo de las facturas provocadas por quiebras bancarias.
En el comunicado remitido ayer, el BCE recuerda que el Banco de Grecia sigue siendo el supervisor nacional y la máxima autoridad en materia de resolución bancaria, por lo que la transposición de la legislación europea no debería suponer ninguna cesión de responsabilidades.
El organismo con sede en Fráncfort sí que advierte a Grecia que hay aspectos de la nueva legislación problemáticos. “Establecer que el ministro de Economía debe dar su consentimiento previo para todas las decisiones relativas a la venta de una determinada filial, la creación de un banco-puente, la separación de activos o la aplicación de quitas a los acreedores”, va a más allá de la normativa comunitaria y puede suponer una merma a la independencia del supervisor.
