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Según aseguran los promotores del plan tras una reunión con la alcaldesa

Carmena, dispuesta ahora a estudiar la ‘operación Chamartín’

Distrito Castellana Norte, empresa controlada por BBVA, "se muestra optimista" respecto a que el plan urbanístico sea aprobado por Ahora Madrid en un próximo pleno

Alfonso Simón Ruiz

El futuro de la operación Chamartín entra en una nueva etapa. Este miércoles, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, se reunió con Antonio Béjar, presidente del Distrito Castellana Norte, empresa promotora del plan urbanístico y controlada en un 72,5% por BBVA. El motivo era conocer los planes del nuevo equipo de Gobierno en Madrid respecto a una macroampliación pendiente desde hace años.

Béjar “se mostró optimista a la salida de la reunión”, según fuentes de la empresa Distrito Castellana Norte, tras el encuentro con la alcaldesa y aseguró que confiaba en que el plan parcial urbanístico, “una vez analizado por el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento, pueda ser aprobado en un próximo pleno”.

El responsable de la empresa tuvo la oportunidad de comentar con Carmena los pormenores de esta actuación urbanística, cuyo plan parcial quedó totalmente terminado el pasado mes de mayo, a falta de la aprobación por el pleno del Ayuntamiento. No hubo fotografía de la reunión y los responsables del Ayuntamiento no respondieron a las reiteradas llamadas de este diario para aclara su posición.

Tras la llegada de Carmena a la alcaldía, se puso en duda esta operación, ya que Ahora Madrid (en la que se integra Podemos) especificó en campaña electoral que revisaría la concesión a Distrito Castellana Norte, además de mostrar dudas sobre si la macroampliación urbanística, que lleva más de 20 años paralizada, era necesaria para la ciudad. El equipo anterior de Ana Botella (PP) dio todos los pasos para aprobar el plan, pero finalmente no fue refrendado en el pleno municipal ante la cercanía de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo.

Se presentó en enero

El pasado enero se había presentado de nuevo la operación Chamartín, aprobada por primera vez en 1993. Botella y las organizaciones interesadas volvieron a mostrar la ampliación septentrional de Madrid, esta vez con un nuevo nombre: Distrito Castellana Norte.

Bajo esa remozada denominación se agrupa la empresa que agrupa la mayoría de los terrenos, controlada por BBVA y en la que también participa la constructora San José. Precisamente Béjar procede del ámbito de la entidad financiera, ya que hasta hace un año era director general de BBVA Real Estate.

La operación lleva aparejada una inversión de alrededor de 6.000 millones de euros para urbanizar una zona delimitada entre la Estación de Chamartín y la M-40. En total, el proyecto está previsto que se desarrolle en una superficie de 3,1 millones de m2 para levantar rascacielos, viviendas, zonas verdes y equipamientos públicos, además de soterrar parte de las actuales vías de la estación, que facilite la comunicación entre dos áreas de la ciudad actualmente aisladas.

La mayoría de esos terrenos pertenecen al administrador ferroviario Adif, que recibirá un primer pago millonario por los derechos del suelo cuando se apruebe el plan urbanístico. La operación tiene como objetivo crear un distrito financiero como Canary Wharf en Londres o La Défense en París. El proyecto generará, según sus promotores, 121.000 empleos durante su vida y 3.363 millones de ingresos para las distintas Administraciones.

El 61% del suelo pertenece a Distrito Castellana Norte, y el resto a promotores privados, al Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Empresa Municipal de Transportes y Canal de Isabel II, entre otros. En estos terrenos se construirán 15.965 viviendas y otras 1.774 serían de protección oficial. A su vez, está previsto más de un millón de metros cuadrados en oficinas. Más de 566.000 metros cuadrados se dedicarán a espacios verdes.

Sobre la firma

Alfonso Simón Ruiz
Graduado en Economía y máster de Periodismo UAM / EL País. En Cinco Días desde 2007. Redactor especializado en información empresarial, especialmente sobre el mercado inmobiliario, operaciones urbanísticas y, también, sobre la industria farmacéutica y compañías sanitarias.

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