Los grandes despachos rechazan la lista de morosos de Hacienda
La Fundación Impuestos y Competitividad recela del aumento del plazo para cerrar una inspección Hacienda rechaza la posibilidad de dar marcha atrás en la publicación de la lista de morosos
La Ley General Tributaria sigue su tramitación en el Congreso y los grandes despachos confían en que el período para la presentación de enmiendas y posterior debate sirva para mejorar la norma que marca las reglas de juego entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes. La Fundación Impuestos y Competitividad, formada por Baker & McKenzie, Cuatrecasas, Deloitte, EY Abogados, Garrigues, KPMG, PWC y Uría Menéndez lanzó ayer un decálogo de medidas que echan en falta en la reforma planteada por el Gobierno. Y, en sentido contrario, también reclamó eliminar algunas de las propuestas planteadas por Hacienda.
La medida más mediática –que no más importante para los expertos– que contempla la reforma es la publicación de la lista de contribuyentes que deben más de un millón de euros a Hacienda. La organización defiende que “debería ponderarse su supresión” ante el hecho de que el Gobierno también está alentando otra iniciativa legislativa para publicar el nombre de los contribuyentes condenados por delito fiscal. El director general de la Fundación Impuestos y Competitividad, Ginés Navarro, señaló que no se puede tratar igual a un deudor que a un defraudador. Y mostró sus reticencias a la publicación de la lista de morosos en la medida en que puede incluir a empresas que simplemente no pagan por sufrir problemas de liquidez. Además, incidió en que puede darse el caso de que empresas que aparezcan en esa lista tengan deudas pendientes de cobro de la propia administración. De hecho, la morosidad del sector público ha provocado el cierre de numerosas compañías.
En cualquier caso, la valoración que la Fundación Impuestos y Competitividad realiza de la reforma de la Ley General Tributaria es positiva, aunque entiende que existe margen de mejora. En términos generales, los despachos reclaman que la legislación contemple la relación entre la Administración y el obligado tributario desde una perspectiva más cooperativa. Por ejemplo, echan en falta alternativas a la resolución de conflictos en un ámbito, el fiscal, en el que existe una elevada litigiosidad. Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Tributario y Financiero, señaló que la complejidad del sistema fiscal, la existencia de regímenes tributarios particulares y la proliferación de conceptos jurídicos indeterminados son las causas mediatas de la elevada conflictividad. En su opinión, la reforma de Ley General Tributaria no resuelve completamente esos problemas.
La fundación teme que la nueva regulación del conflicto en la aplicación de la norma –figura heredera del fraude de ley– también elevará la litigiosidad. El Ejecutivo ha optado por establecer sanciones en aquellos casos en los que detecte que una empresa está obteniendo un ahorro fiscal a través de actos que ya han sido declarados por la Administración como un conflicto en la aplicación de la norma. Maximino Linares, socio de EY abogados, lamentó que se ha optado por la multa en un ámbito en el que se deja un elevado margen de apreciación a la Administración para determinar si concurren o no las causas de un conflicto en la aplicación de la norma.
Más plazo a la inspección
Otro de los elementos que ha levantado reticencias en el sector privado es la decisión del Gobierno de elevar los plazos de inspección. Actualmente, la Agencia Tributaria contaba con 12 meses como regla general para cerrar una investigación, período que podía ampliarse bajo determinadas circunstancias otros doce meses más. Con la reforma, el período para cerrar una inspección será de 18 meses, ampliables a 27 para determinados casos y empresas. Abelardo Delgado Pacheco, socio de Garrigues, criticó que se asuma como “normal” que una inspección pueda durar más de dos años. En este campo, la fundación volvió a incidir en avanzar hacia una mayor relación cooperativa, algo que también defiende y propugna la OCDE.
La Fundación Impuestos y Competitividad señaló que el hecho de que el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso a la reforma de la Ley General Tributaria se haya ampliado en diversas ocasiones es una buena noticia y podría indicar que hay receptividad para incluir cambios en el trámite parlamentario. Si no hay nuevas prórrogas, la fecha límite para presentar enmiendas concluye el próximo martes. El Ministerio de Hacienda se muestra abierto a realizar cambios, aunque fuentes del Ejecutivo indican que no se plantean eliminar la publicación de la lista de morosos, una medida que el ministro Cristóbal Montoro anunció por primera vez en diciembre de 2012.
