Editorial

Equidad fiscal para todas las empresas

La Comisión Europea ha decidido pasar de las palabras a los hechos en su batalla por conseguir que las multinacionales tributen en relación con sus beneficios y no hagan uso de la ingeniería fiscal para reducir sus facturas tributarias en Europa. Bruselas aprobó ayer con este objetivo un plan de acción que pretende “restablecer el vínculo entre la fiscalidad y el lugar de actividad de una empresa”, de forma que estas grandes corporaciones no puedan beneficiarse de la heterogeneidad impositiva que existe en la Unión Europea para someterse a la legislación más favorable a sus intereses. Desde Bruselas se reconoce que el origen del problema es una normativa fiscal que data de los años treinta, cuando apenas existía comercio transfronterizo entre los países europeos, y que no está preparada para un mercado como el actual, “global, digital y móvil”. El sofisticado asesoramiento fiscal de que disponen las multinacionales les permite aprovechar las ventajas que proporciona la libre circulación de capitales, las discrepancias entre la normativa tributaria de los Estados miembros y las atractivas disposiciones que contienen las directivas europeas sobre el impuesto de sociedades. Un cóctel de factores perfectamente legales y que los grandes consorcios internacionales –perfiles como Google, Apple, Amazon o Starbucks– pueden utilizar para trasladar sus beneficios hacia países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo y reducir así drásticamente su peaje fiscal.

Los pilares sobre los que se asienta el plan de acción presentado ayer son viejos conocidos. Por un lado, se trata de aumentar la coordinación y la cooperación entre las autoridades fiscales de cada país, así como exigir mayor transparencia en la rendición de cuentas de las empresas. Por otro, de impulsar un proyecto que ha sido largamente debatido en los foros fiscales y fue lanzado ya por el anterior equipo de la Comisión Europea, aunque no llegó a aprobarse: la armonización de la base imponible en el impuesto sobre sociedades. A ello hay que sumar la intención de Bruselas de solicitar en el futuro que la UE actúe contra los 30 paraísos fiscales más frecuentados –aunque no todos situados en Europa– de forma que se cierre la puerta a cualquier resquicio de ingeniería tributaria.

La iniciativa aprobada por Bruselas constituye un paso adelante muy importante en materia fiscal por dos grandes razones. La primera, para garantizar un trato equitativo a todas las empresas que operan en el continente y acabar con unos privilegios tributarios que resultan inaceptables en un mercado único. Y la segunda, porque en un contexto económico de austeridad fiscal, en el que todos los europeos han asumido una dosis extra de sacrificio, Europa no puede permitirse una legislación que merme la recaudación tributaria de sus Estados miembros e

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