Luz verde de la justicia al “whatever it takes” de Draghi
El Tribunal de Justicia europea ha fallado hoy a favor del programa de compra de deuda aprobado por el Banco Central Europeo en 2012. La sentencia supone un respaldo para Mario Draghi, presidente del BCE, que en 2015 ha ampliado su idea inicial hasta poner en marcha un plan de relajación cuantitativa (QE) para comprar hasta 1,3 billones de deuda en la zona euro.
La sentencia señala que el programa de compra de 2012 (conocido como OMT por sus siglas en inglés) respeta las normas previstas en el Tratado de la UE y entra dentro del ámbito de la política monetaria en la que es competente el BCE. Los jueces señalan que la OMT (que nunca ha llegado a utilizarse) no viola tampoco el principio de la proporcionalidad. Y si el BCE llegara a ponerla en marcha, dispone de suficientes salvaguardas para evitar una distorsión en el mercado de deuda o que se transforme en una financiación de los Estados, que está prohibida por el Tratado de la UE.
"Al tratar de salvaguardar la unicidad de la política monetaria, el programa OMT contribuye a la realización de los objetivos de dicha política, en la medida en que, con arreglo a los Tratados de la Unión, ésta debe ser «única». Por otra parte, al tratar de salvaguardarla adecuada transmisión de la política monetaria, dicho programa puede, a la vez, preservar la unicidad de dicha política y contribuir al objetivo principalde ésta, que es el mantenimiento de la estabilidad de precios".
El caso original procede de Alemania, donde varios políticos, profesores, y ONGs denunciaron ante el Tribunal Constitucional alemán al Gobierno de Angela Merkel por no haber intentado frenar la OMT ante el Tribunal de Justicia europeo. Los demandantes consideran que Berlín ha violado sus derechos fundamentales por no defenderles de una medida del BCE que, según ellos, contraviene las normas europeas y supone una financiación encubierta de las cuentas públicas de algunos socios de la zona euro.
El pronunciamiento de los magistrados europeos, leído hoy en Luxemburgo, es la respuesta a una consulta prejudicial cursada por el Tribunal Constitucional alemán. Es la primera vez en su historia que los jueces de esa corte alemana se dignan preguntar al Tribunal europeo, una práctica que en otros países es bastante habitual.
La pregunta del Constitucional llegó cargada de intención y claramente sesgada a favor de declarar ilegal el programa de Draghi. El Tribunal alemán, con sede en Karlsruhe, incluso se reservaba el derecho a desviarse de la doctrina que emane de Luxemburgo si la sentencia de hoy no le convencía. De ser así, podría producirse un choque institucional que pondría en peligro la estructura jurídica de la UE, que otorga al Tribunal de Luxemburgo la competencia para interpretar las normas europeas en caso de disputa.