El maleficio del Royal Mail

El Royal Mail parece tener algún tipo de maleficio –al menos para el gobierno de Reino Unido–. El estado fue acusado de privatizar el servicio postal a un precio demasiado bajo en 2013. Ahora puede que algunos digan que ha cometido el error opuesto. Una revisión de su regulación tiene lugar tan solo una semana después de que el ministro de Finanzas, George Osborne, ordenara la venta continuada de acciones por valor de 750 millones de libras (unos 1.040 millones de euros).

Las acciones cayeron ayer, pero la teoría de la conspiración tiene defectos. En primer lugar, la Oficina de Comunicaciones británica, Ofcom, es independiente. Por supuesto, los líderes electos establecieron su jurisdicción, pero la agencia no tiene obligación de decirle al gobierno sus planes. Incluso si Osborne hubiera hecho la pregunta Ofcom estaría en su derecho de negarse a contestar.

En segundo lugar, el interés de Ofcom en la regulación de Royal Mail viene de lejos. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Ofcom dijo que consultaría sobre cómo Royal Mail cobra a sus mayores rivales postales por usar su red de entrega.

La última revisión tiene por su parte como destino a Whistl, uno de los primeros rivales de Royal Mail en el mercado de entrega de paquetes, en el punto de mira. Whistl tiró formalmente en la toalla la semana pasada, justo cuando el gobierno del Reino Unido dio los toques finales a la venta de acciones. Pero estaba todo escrito hace más de un mes cuando Whistl suspendió su servicio.

Esto lleva al tercer fallo en la teoría. No se puede suponer que Royal Mail terminará peor la revisión. Ofcom examinará si el precio al por mayor y al por menor del franqueo es lo suficientemente alto para cubrir los costes de las obligaciones de servicio universal. Puede que la última revisión de Ofcom ayude al Royal Mail.