Más de la mitad de las solicitudes de paro en autónomos se rechazan
Aún así, se resuelven favorablemente el 40% de las solicitudes, frente al 22% del año pasado
La prestación por desempleo por cese de actividad es más accesible para los trabajadores autónomos. Se siguen rechazando más de la mitad de solicitudes, pero el ratio de expedientes aprobados ha pasado del 22% del año pasado, al 40% en el primer trimestre del año. Son datos aportados por UPTAS, quien ha analizado la evolución de solicitudes aprobadas en la prestación conocida como 'el paro' de los autónomos, cuyas condiciones de acceso se flexibilizaron en 2015.
Se modificó en diciembre de 2014 y la ley contempla el nuevo sistema de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, que son las organizaciones que se ocupan de gestionar estas ayudas, junto con el Instituto Social del Mar y el Servicio Público de Empleo (SEPE).
Unos datos que, desde AMTAS, consideran insuficientes. La asociación madrileña, que defiende los derechos de los autónomos en la Comunidad, denuncia que en Madrid nada ha cambiado de forma considerable. De las 243 solicitudes presentadas este trimestre en la Comunidad de Madrid sólo tuvieron una resolución favorable 62 expedientes, mientras que otros 64 casos permanecen pendientes de resolver. En todo el año pasado el número de peticiones ascendió a 821, de las que se aprobaron el 22% de las reclamaciones. La organización madrileña de autónomos considera que "no se ha mejorado ni en el número de solicitantes ni en las respuestas positivas".
Por su parte, la organización que dirige Sebastián Reyna emplaza a la Seguridad Social a que emita una circular con el visto bueno de la asociación de autónomos para que se traslade a las distintas gestoras y se facilite una interpretación común de la nueva normativa. Parece que aún están "lejos de los objetivos deseables", explica el secretario general de UPTA. Emplaza a las administraciones para que realicen un esfuerzo que mejore las condiciones sociales de los profesionales por cuenta propia que se ven obligados al cierre, que aún siguen siendo muchos en la Comunidad de Madrid, señala Reyna.
