El Foco

Gobernar para los autónomos y las pymes

Ahora que ha finalizado ya el paraíso terrenal que traen siempre las campañas electorales, con promesas que no siempre aspiran a cumplirse, es buen momento para recordar a los que van a gobernar durante los próximos cuatro años cuáles son las prioridades que tiene la economía pequeña, que es la economía verdaderamente importante. La economía de los autónomos y las pymes, con la que este país tiene una deuda nunca resuelta del todo.

Hay una buena noticia: hemos conseguido que todos los candidatos de todos los partidos, de derecha a izquierda y de arriba abajo, hayan reconocido la necesidad de apoyar prioritariamente a este segmento de la economía, donde todavía no ha llegado con nitidez el eco de la recuperación. Ahora, después de ese reconocimiento, lo que hace falta es que los elegidos cumplan el compromiso. Si todos lo prometieron, todos deben cumplirlo.

En primer lugar, una de las reclamaciones sempiternas de autónomos y pymes: la eliminación de trámites burocráticos y de enredos legales. Es surrealista que España, con la tasa de desempleo que tiene, siga siendo uno de los países avanzados en los que resulta más difícil constituir una empresa y empezar a funcionar. Una empresa tiene que poder crearse –administrativamente hablando– en 48 horas, y sin laberintos kafkianos. Los Gobiernos locales y autonómicos tienen el poder necesario para hacerlo, y no hay razón para que no se empeñen en ello. Los resultados serían inmediatos: empleo, creación de riqueza y mayor recaudación.

La fiscalidad siempre es un asunto más complejo, e interviene además también la Administración central, estableciendo límites, pero esa complejidad no debe ser coartada para la inacción. También todos los partidos han anunciado su voluntad genérica de reducir la carga impositiva de los autónomos y las pymes en los gravámenes que les corresponden. Ahora es el momento de reafirmar ese compromiso, ponerle fechas y cuantificarlo. Entre el 21% que pagan en promedio los autónomos solo por el desempeño de su actividad y el 1% que pagan las Sicav debería haber un sensato reparto de la carga fiscal para todos. Es insostenible que una empresa del Ibex 35 pague menos impuestos que el autónomo que tiene una pequeña tienda, el joven que intenta comercializar un videojuego o el arquitecto que sueña con diseñar viviendas más ecológicas y sostenibles.

Una empresa tiene que poder crearse –administrativamente hablando– en 48 horas

Pero no solo se trata de bajar impuestos –o de vincular esos impuestos con los ingresos, facilitando los momentos difíciles del comienzo–, sino también de simplificarlos y de buscar una cierta estabilidad de la normativa fiscal, que es prolija en todos los ámbitos y está sujeta a continuos cambios. En las circunstancias actuales, resulta muy difícil hacer una planificación tributaria, y eso lastra la gestión de cualquier empresa.

Sería necesario, para corregir esto, emprender una armonización fiscal en toda España, pero el ámbito autonómico y municipal ya tiene competencias para poner en marcha medidas de una eficacia sobresaliente. Por ejemplo, eliminar los anticipos de pago de impuestos que estrangulan el nivel de liquidez de las empresas, retrasándolo hasta el día de 30 de cada mes; y, por supuesto, que las propias Administraciones públicas cumplan la ley y paguen en tiempo y forma, lo que evitaría la desaparición por asfixia de muchos pequeños negocios y proyectos.

Si en el aspecto fiscal hay desorden, en lo que se refiere a las subvenciones reina el más absoluto caos. Las ayudas a emprendedores y a pequeñas empresas se planifican y se conceden sin coordinación entre las distintas Administraciones y muchas veces sin sentido, a golpe de urgencia o de ocurrencia. Establecer un plan estratégico consensuado con las principales asociaciones de autónomos implantadas en cada comunidad autónoma es una prioridad. Si el presupuesto destinado a esas ayudas y subvenciones es grande, mucho mejor, pero, grande o pequeño, lo importante es que haya un criterio racional.

Es a las comunidades y a los ayuntamientos a quien compete conseguir unas infraestructuras básicas que permitan a las empresas desarrollar su tarea. Transportes, comunicaciones y servicios públicos. Y también medio ambiente. Es fundamental dotar a los polígonos industriales y a las ciudades en general de las obras medioambientales necesarias para que las empresas no se encuentren con obstáculos a la hora de cumplir la prolija, compleja y dispersa normativa ambiental local. Una vez más, la misma receta: simplificar y facilitar.

No solo se trata de bajar impuestos, sino de simplificarlos y buscar una cierta estabilidad de la normativa fiscal

Y por último, uno de los retos pendientes de la economía española: la internacionalización de las empresas. No las empresas del Ibex ni las corporaciones grandes, sino las pymes, que son las que tienen recursos limitados en este campo y más necesitan la ayuda de los poderes públicos. ¿Cómo? En primer lugar, prestando su asesoría y su apoyo en la preparación de licitaciones europeas e internacionales a través de acuerdos entre los Gobiernos regionales y los organismos de desarrollo. Es vital que las pymes puedan acceder a los concursos públicos de estas instituciones. Y en segundo lugar, favoreciendo la búsqueda de inversiones internacionales que lleguen a esa red infinita de pequeñas empresas y de emprendedores que sostienen la economía española.

La lista puede ser más larga, pero esta es imperativa. Y es, sobre todo, real, tangible, realizable, fácil de poner sobre la tierra. Nos lo han prometido. Ahora, cúmplase.

Luis Pardo es CEO de SAGE

 

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