Más oxígeno para las constructoras
La potestad legislativa en una economía de mercado abierto debe ejercerse buscando el bien común y con el objetivo de ordenar, bajo criterios de eficiencia y equidad, la actividad que en cada caso se pretende regular. En la práctica, ello no siempre se consigue, como demuestra buena parte de la maraña legislativa que en España entorpece, cuando no impide, el tráfico comercial. La última modificación que incluye la Ley de Contratos del Sector Público, realizada a finales de 2013, es un ejemplo de buena praxis en este sentido. Después de esa reforma, las empresas que quieran renovar su clasificación como contratistas de obra pública tendrán que acreditar su experiencia en los diez años anteriores al proyecto al que aspiran en lugar de en los cinco que regían anteriormente.
El motivo de esta ampliación no es otro que salvar el expediente de las compañías –especialmente las de tamaño mediano– que han pasado por horas bajas en los años de la crisis y que, de exigírseles acreditar únicamente el trabajo realizado en los últimos años, tendrían muy pocas posibilidades de acceder a esos contratos. Otra de las novedades, diseñada con el mismo objetivo, es la posibilidad de aportar los proyectos realizados en el exterior. Ello constituye una ventaja para las constructoras que durante los ejercicios más duros de la recesión tuvieron que buscar fuera de España las oportunidades de negocio que no hallaban en nuestro país.
La patronal de las constructoras medianas de obra civil, Anci, ha reclamado y recibido con natural satisfacción este cambio normativo, que resulta fundamental para un sector que ha vivido con especial dureza la crisis económica. Muchas de estas compañías están en este momento en el trance de renovar su condición de contratistas y esta relajación de las condiciones supone para ellas un importante balón de oxígeno. A lo largo de los últimos años, la legislación de contratos públicos ha ido abriendo cada vez a más empresas la posibilidad de acceder a los proyectos de obra civil. Si en los años noventa, apenas un centenar de constructoras contrataban con el Ministerio de Fomento, en 2007 ese número ascendía ya a 426. Una cifra que, con la llegada de la crisis económica y las políticas de austeridad para cumplir con los objetivos de consolidación fiscal, se redujo prácticamente a la mitad.
Precisamente por ello, y dado que la mejora del horizonte económico en España se hará notar también en la obra civil, la modificación de las condiciones de la Ley de Contratos del Sector Público constituye un acierto legislativo y un respaldo estratégico para las pymes de la construcción. Un segmento cuyas armas son menores que las de los grandes grupos y precisan, por tanto, de una reglas de juego que compensen ese déficit y garanticen una mayor competencia.