Renta, empleo y autónomos se citan en las urnas

Para ver las principales propuestas de los partidos, pinche en la imagen y luego en tamaño real.

La segunda convocatoria electoral de este año, tras los comicios andaluces de marzo, se anuncia como una cita de gran trascendencia. No solo por la magnitud del censo –votarán 36 millones de españoles para elegir sus representantes en 13 comunidades autónomas y en municipios repartidos por las 52 provincias–, sino también por el vuelco que esta votación podría suponer en la política del país. La irrupción en el tablero de las dos fuerzas emergentes –Podemos y Ciudadanos– prefigurará el panorama político de finales de año, cuando con toda probabilidad estarán convocadas las elecciones generales.

En materia fiscal, el conjunto de las propuestas de los diferentes partidos, tanto los de más arraigo histórico como los recién nacidos, esboza dos grandes modelos: el de una reducción de la imposición, aunque con matices y dosificaciones diferentes en cada caso, y el de un incremento para las rentas más altas.

El PP –al que la última encuesta del CIS otorga la victoria en nueve comunidades autónomas, aunque solo en Castilla y León obtendría la mayoría absoluta– aboga por una revisión de los tramos autonómicos del IRPF, con el objetivo de aumentar la renta disponible de las familias. “En la campaña electoral de 2011, el PP afirmó que bajaría los impuestos y en 2012 los aumentó y mucho”, dicen, sin embargo, desde CiU, coalición decidida a destinar “menos ingresos para la Administración central y más para ayuntamientos y comunidades autónomas”. Los tipos de IRPF para esta formación, que obtendría el 3,2% en unas hipotéticas elecciones generales, deben ser “mucho más bajos”.

La fuerza política que más pormenores sobre este tema ha proporcionado hasta ahora –y que obtendría un 13,8%, siempre en las generales– es Ciudadanos. La formación propone una reducción del número de tramos de cinco a tres y la eliminación de las deducciones por rendimientos del trabajo. La pérdida de progresividad correspondiente se compensaría con un complemento salarial para los trabajadores con nóminas bajas.

Subir los tipos en el tramo autonómico para las rentas que sobrepasan los 50.000 euros, “suavizar” los que se aplican a rentas de entre 25.000 y 50.000 euros y reducirlos para quien declare una renta inferior a los 25.000 euros. Este es el objetivo de Podemos, cuyo ascenso ha disminuido radicalmente en las últimas semanas, al colocarse como tercera fuerza en la mayoría de comunidades.

Para el PSOE, partido al que el CIS otorga un 24,3% de los votos en elecciones generales, patrimonio y renta tienen que integrarse en una figura tributaria única. Algo parecido a lo que sugiere IU, que tendría representación solo en seis regiomnes. Su propuesta prevé que tributen en la misma base imponible las rentas del trabajo y del capital.

Incrementar hasta los 14.000 euros el mínimo exento en el IRPF y elevar de 60.000 a 95.000 euros el nivel de renta a partir del cual comienza a aplicarse el tipo marginal máximo: esta es la receta que prepara UPyD, formación cuyo peso electoral no superaría el 1,9% de los votos.

Las cifras del 24M

 

Electorado: 36 millones de españoles están llamados a votar en las elecciones autonómicas y locales.

Comunidades autónomas: se vota en 13 regiones (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja) y en las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

Municipales: el censo para estas elecciones, distribuido en las 52 provincias españolas, es de casi 35 millones de electores.

Extranjeros: de los 463.765 extranjeros que tienen derecho a voto en las municipales, el colectivo más numeroso es el de los rumanos (111.646). Le sigue el inglés (104.470) y el italiano (45.649), un grupo que está justo por encima del alemán (45.460).

 

Trabajo y pymes

En lo que a empleo se refiere, si las propuestas del PP son un nuevo modelo de formación y el asesoramiento a parados de larga duración, mayores o menos cualificados, los socialistas avanzan una idea más tajante: derogar la reforma laboral aprobada por Rajoy. A lo que IU añade la supresión de la reforma anterior, impulsada por el PSOE. Ambas fuerzas de izquierdas abogan por una subida del salario mínimo, hasta 900 euros en 2025, en el caso del partido liderado por Pedro Sánchez, y hasta los 1.176 euros por 14 pagas en 2019 de la formación cuyo coordinador federal es Cayo Lara.

IU apoya además una “consolidación de la contratación indefinida como modelo general”. En este sentido, la formación naranja va más allá y propone la implementación de la contratación única, es decir, que todos los nuevos contratos sean indefinidos, con una indemnización por despido creciente. Esta última medida es idéntica a la que pretende implantar UPyD. El partido que dirige Rosa Díez quiere ahorrar de esta manera los 4.000 millones de euros de gasto en bonificaciones del contrato indefinido. Ciudadanos añade a su paquete para fomentar el empleo también un cheque formación de 1.200 euros para parados y la reducción de las cotizaciones sociales para las empresas que creen empleo.

Por su parte, CiU apuesta por un plan de choque que tenga como objetivo la generación de puestos de trabajo entre los jóvenes y la recolocación de los mayores de 45 años. Esta acción se desarrollaría sobre todo en el turismo, los servicios a la persona y todos los sectores relacionados con una economía baja en carbono.

Una categoría cuyo encaje en el modelo productivo podría conocer cambios profundos, por lo menos según las intenciones de los partidos, es la de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. El PSOE rebajaría las retenciones en IRPF a estos profesionales en un 15% y ajustaría la cotización a la Seguridad Social a su nivel de ingresos, igual que CiU. Por su parte, IU equipararía progresivamente esta cotización a la del régimen general.

En la propuesta de la formación que lidera Albert Rivera, si el autónomo ingresa por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) mensual –648,60 euros este año–, no tendrá que abonar ninguna cuota para darse de alta a la Seguridad Social, sino que Hacienda le exigirá el 7,2% de las ganancias netas, hasta el tope máximo del régimen común. Además, estos autónomos no tendrán que liquidar el IVA y declararán los ingresos en el IRPF, una vez al año. En el caso de ganar más del SMI mensual, Ciudadanos quiere eliminar la cuota mínima para la Seguridad Social y establecer un porcentaje que aumentaría de acuerdo con la facturación, hasta el tope del régimen general.

Podemos, por su parte, ampliaría la condición de consumidores a los pequeños y medianos empresarios para que puedan acogerse al procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas, que la formación morada quiere establecer. Además, promovería un plan de microcréditos especialmente concebidos para este colectivo.

Otras propuestas

Reforma del impuesto de sociedades

Eliminar las deducciones en el impuesto de sociedades es el propósito del PSOE, mientras Ciudadanos busca limitarlas, al mismo tiempo que propone quitar todos los beneficios fiscales e implantar un tipo único del 20%, también para las pymes. Por el contrario, IU establecería un tipo del 35% para las bases imponibles superiores al millón de euros y limitaría las deducciones a un máximo del 3% de la base imponible. Por su parte, CiU propone reducir en cinco puntos el tipo impositivo de las pymes, y recuerda que el Gobierno, en la última reforma, “ha reducido solo el tipo general a las grandes empresas”.

Entidades bancarias públicas

Una apuesta clara por medios públicos de financiación se vislumbra de la mayoría de los programas, excepto en el caso del PP. Así, el PSOE propone una banca pública de inversión; IU nacionalizaría los bancos intervenidos por el FROB y abriría nuevas líneas de crédito mediante un acuerdo entre el ICO y estas entidades, y UPyD obligaría a las cajas nacionalizadas a no disminuir el crédito a pymes y autónomos mientras haya participación pública en su capital. Según Podemos, “las comunidades autónomas deben impulsar instituciones bancarias públicas que favorezcan la financiación en condiciones asequibles”.

Menos AVE y más I+D+i

Una rentabilidad social “cuestionable”, esta es la opinión de UPyD sobre el AVE. La formación magenta prefiere la inversión en ferrocarril y sectores de mayor valor añadido. Algo muy parecido a lo que sostiene Ciudadanos, que paralizaría todas las inversiones en la alta velocidad. “Si nos toca gobernar, 1.000 millones de euros de presupuesto los vamos a dedicar a la creación de una red de unos 30 institutos para la investigación aplicada para las empresas”, declaró el presidente de la formación naranja, Albert Rivera. IU propone destinar el 2% del PIB europeo a la reindustrialización, financiada por el BEI.

No a los desahucios, sí a la dación en pago

El PP impulsaría una serie de medidas para apoyar a las familias vulnerables ante situaciones de desahucio, como el alquiler social y el acuerdo con bancos para facilitar la segunda oportunidad. Podemos pararía todos los desahucios, al igual que el PSOE e IU, y aboga por la dación en pago con efecto retroactivo. Tanto los socialistas como CiU quieren potenciar la mediación para el saneamiento de los pagos. En caso de no lograr un acuerdo entre deudor y acreedor, el partido que lidera Pedro Sánchez propone la dación en pago, también con carácter retroactivo. Algo muy parecido sostienen UPyD e IU.

Perfeccionar la formación profesional

El partido de Rosa Díez lo tiene claro: las competencias en educación y sanidad deben volver al Estado “para garantizar la igualdad de todos los españoles”. El PSOE, junto con la creación de unas becas para estudiantes en paro que quieran cursar un máster, potenciaría la formación profesional –como lo haría IU– y aumentaría sus plazas en al menos 200.000 unidades. El partido coordinado por Cayo Lara derogaría la Lomce, bajaría las tasas universitarias, aumentaría las becas y fomentaría la creación de plazas en las escuelas infantiles. Por su parte, el PP quiere promover la formación profesional dual.

Revertir las privatizaciones en sanidad

El copago debe desaparecer. Esta es la opinión del partido que lidera Pedro Sánchez, quien aboga por el abaratamiento de los precios de los medicamentos y por la aprobación de una ley de sostenibilidad del sistema de salud que permita blindar el porcentaje del PIB destinado a esta partida de gasto. Podemos revertiría las privatizaciones en este ámbito, “en la medida de lo posible”, mientras el PP facilitaría la movilidad geográfica de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud y aprobaría medidas para garantizar un catálogo básico de prestaciones sanitarias en todas las comunidades autónomas.