Cataluña prepara un marco legal para impulsar la economía colaborativa

Un usuario utiliza la aplicación Uber, un servicio que compite con los taxis tradicionales.Reuters

Algunas personas tildan a Barcelona como la zona cero de la economía colaborativa en Europa. Fue la primera ciudad en multar a la plataforma de alquiler de alojamientos turísticos Airbnb en el Viejo Continente, y también fue la primera en España en recibir a Uber. Pero, además, en su perímetro hay muchas startups cuyos modelos de negocio se basan en la figura del peer (el usuario que comparte en estas plataformas). Quizá por ello, el Gobierno catalán es el primero a nivel nacional que ha decidido poner en marcha varias líneas de trabajo con el fin de facilitar el encaje legislativo de la economía colaborativa y fortalecer el papel de los peer o microemprendedores. En definitiva, allanar el terreno a iniciativas como las citadas Airbnb o Uber.

En este sentido, el departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat, con el consejero Felip Puigm al frente, ha llevado a cabo un trabajo de análisis sobre este tipo de actividad, y se ha creado una comisión de estudio en el Parlamento, que pronto emitirá un informe sobre la cuestión. En ella han intervenido entre otros, Miguel Ferrer, colaborador de Sharing España (asociación que agrupa a 36 empresas del sector), Albert Cañigueral, economista y experto en economía colaborativa, y Miquel Martí, director de Ecommerce & Tech Barcelona.

Incentivo para otras administraciones

Desde Sharing España apoyan el nuevo planteamiento que ha abierto la Generalitat y destacan que seguirán participando y aportando ideas en estos trabajos con el fin de que las iniciativas seguidas en Cataluña puedan incentivar la colaboración con el resto de Administraciones del Estado y aprovechar las oportunidades que brinda la economía colaborativa. Ferrer destacó en su sesión en el Parlamento, que la economía colaborativa “es otro ejemplo de lo que hemos venido conociendo como una disrupción de modelos digitales”. “Tenemos precedentes los últimos 20 años, donde han aparecido modelos de actividad que han impactado en otros modelos tradicionales y eso ha tenido una respuesta muchas veces regulatoria que no ha sido todo lo adecuada o efectiva que se pretendía desde un punto de vista del interés general”. Quizá por ello, algunos grupos parlamentarios han planteado crear sistemas de compensación a sectores económicos pre-existentes en los que tenga especial impacto la economía colaborativa.

Fuentes consultadas por CincoDías detallan que son cuatro las principales líneas en las que trabaja el Gobierno catalán. Quieren avanzar en legislar algunas plataformas/actividades verticales (específicamente, aquellas relacionadas con los alojamientos y los transportes) “para que se incorporen de forma realista y competitiva al mercado y puedan hacerlo con seguridad jurídica y con menos rigidez de lo que ahora se exige”. También pretenden impulsar sistemas de autorregulación a través de códigos de conducta y buenas prácticas en línea con lo que promueve Sharing España, la asociación recientemente constituida e integrada en Adigital, que cuenta como socios a compañías como Blablacar, Airbnb, Ticketbis, o Rentalia.

Igualmente, quieren promover un consejo asesor en el que haya representación público-privada para analizar cómo se tiene que avanzar en todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa. Y buscar cómo mejorar las condiciones laborales y fiscales para que toda esta actividad crezca. “Se trata de mejorar el marco fiscal y de seguridad social aplicable para incentivar todas estas actividades peer to peer”, señala el director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y portavoz de Sharing España, José Luis Zimmermann.

El trabajo que se está haciendo desde la Generalitat podría materializarse en un acuerdo de Gobierno este mes de mayo, “lo que daría lugar a una nueva fase de trabajo legislativo que resultará de gran interés”, según explica Ferrer. Este aclara, no obstante, en su blog que un planteamiento normativo basado en una ley general y transversal de toda la economía colaborativa “no sería realista considerándose que, si fuera necesario, debería realizarse desde la UE”. Con todo, desde Sharing y Adigital ven muy positivo el paso dado por la Generalitat que permitirá impulsar proyectos de economía colaborativa, que basan su negocio en compartir bienes y servicios.