Cuantifica medidas que las comunidades no plantean

Las comunidades tendrán que subir impuestos para que se cumplan las cuentas de Hacienda

El Gobierno prevé mantener la no reposición de empleados en el sector público

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

Dentro del proceso de reducción del déficit público en el que se encuentra el conjunto de la Administración, las comunidades generan las mayores dudas. De hecho, ya al inicio del este año resulta más que probable que nuevamente incumplirán el objetivo de estabilidad. Hay que tener en cuenta que cerraron el ejercicio anterior con un desfase entre ingresos y gastos de 17.541. Ello equivale a un déficit del 1,68% que debe reducirse este año al 0,7%. Supone un recorte de unos 10.000 millones de euros en mitad de un año electoral. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha advertido que el escenario más plausible es el del incumplimiento. Para los siguientes ejercicios, el déficit autonómico debería reducirse al 0,3% en 2016, al 0,1% en 2017 y lograr el equilibrio en 2018.

El Programa de Estabilidad que el jueves remitió el Gobierno a Bruselas asegura que, para lograr ese reto, las comunidades autónomas deberán aplicar subidas fiscales a partir de 2016. “En las medidas de ingresos de carácter tributario se prevé la obtención de ingresos adicionales derivados de una mayor utilización de los márgenes legalmente previstos para el uso de la capacidad normativa con relación a las figuras tributarias de gestión o recaudación autonómica”, señala el Gobierno. El Ejecutivo de Mariano Rajoy comunica a la Comisión Europea que las autonomías subirán impuestos a partir del próximo año. El problema es que esta decisión no depende de la Administración central y, además, la mayoría de comunidades ha tomado la dirección contraria y, por ejemplo en el IRPF, ha replicado la reducción de tipos que aprobó el Gobierno en el tramo estatal. Los partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, tampoco apuestan en sus programas electorales por aumentos tributarios para los comicios autonómicos que se celebran el 24 de mayo.

Hacienda  cuantifica aumentos en el impuesto sobre transmisiones y en la fiscalidad medioambiental

Aun así, Hacienda cuantifica los supuestos incrementos impositivos que adoptarán las comunidades a partir de 2016. Según el Programa de Estabilidad se centrarán en tributos medioambientales y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El Gobierno indica que las autonomías fijarán subidas fiscales en impuestos medioambientales que aportarán 250 millones en 2016 y 2017. En ese mismo período, también recaudarán 350 millones adicionales por supuestas subidas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tributos que gravan la compraventa de viviendas de segunda mano y trámites como la firma de un préstamo hipotecario.

Por otra parte, el Ejecutivo de Rajoy indica que las comunidades cumplirán sus objetivos de déficit a través del recorte del gasto público. En el Programa de Estabilidad 2015-2018 se mantiene la no reposición de funcionarios, salvo en áreas prioritarias que se mantiene en el 50%. Es decir, el Gobierno señala que esta medida se prolongará hasta 2018. Ello generará un ahorro acumulado para las comunidades de 2.356 millones entre 2015 y 2018. Este menor gasto también se producirá en la Administración central y los ayuntamientos, aunque en menor medida porque cuentan con menores funcionarios. Hacienda también prevé ahorros en el ámbito sanitario derivados de las compras centralizadas de medicamentos y del copago farmacéutico.

Previsiones erróneas en el impuesto sobre sociedades

Los programas de estabilidad que anualmente se remiten a Bruselas también sirven para calibrar el acierto de los informes de años anterior. En este sentido, Hacienda reconoce en el documento enviado el jueves que falló al presupuestar el impacto de cambios normativos en el impuesto sobre sociedades, el tributo que ha sufrido una pérdida de recaudación mayor durante la crisis. Por ejemplo, en la Ley de Emprendedores, unos de los proyectos estrella del Gobierno, se fijaron incentivos fiscales para las empresas. El Ejecutivo había previsto que los tipos reducidos para empresas de nueva creación en los dos primeros ejercicios, la deducción del 10% de los beneficios reinvertidos o la modificación del régimen fiscal de activos intangibles generaría un ahorro de 890 millones. Sin embargo, ahora reconoce que apenas ha llegado a los 58 millones, el 6,5% de lo previsto.

Lo mismo ha sucedido en medidas que debían suponer mayores ingresos para el Estado. Así, a finales de 2013, el Gobierno eliminó en el impuesto sobre sociedades la posibilidad de deducirse el deterioro de valor de las participaciones. Una medida que, según los cálculos de Hacienda, supondría una recaudación adicional de 3.650 millones. “Realmente, el efecto en términos de caja ha ascendido a 472 millones”, reconoce el departamento de Cristóbal Montoro.

Aun así, señala que el cambio normativo ha supuesto una reducción de las bases imponibles negativas pendientes de compensación, lo que generará una mayor recaudación en el futuro. En 2014, la previsión del Gobierno era recaudar 22.327 millones con el impuesto sobre sociedades y obtuvo 18.694 millones.

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