El Gobierno rebaja la factura de rescatar concesiones
La norma, no retroactiva, no afecta a la quiebra de las radiales
El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación en la Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA) por la que limita el importe que el Estado tiene que asumir y pagar en el caso de que futuras concesiones, normalmente de infraestructuras, entren el liquidación.
La reforma desliga la RPA del coste de construcción de los proyectos, tal y como avanzó Cinco Días. A partir de ahora, el Estado pagará por el valor real de la concesión en el momento del rescate cuando este sea motivado por la insolvencia o concurso de acreedores de la concesionaria y no por una decisión del Gobierno.
Esta decisión no es retroactiva, por lo que no afecta al posible rescate de las ocho autopistas, entre ellas las radiales de Madrid, al borde de la quiebra.
Nueva base de cálculo
Según ha adelantado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el cálculo de la RPA tendrá que ver con el precio que pague un nuevo concesionario después de que el activo que revierte anticipadamente a la Administración vuelva a salir a concurso: "Ese es el precio real", ha dicho la representante del Gobierno. El segundo método de cálculo se basa en el flujo de caja generado en los tres últimos años y las estimaciones hasta el final del plazo de explotación. El resultado final supone un fuerte ahorro para el Estado ante la caída de concesiones.
El Ejecutivo ha promovido este cambio regulatorio a la vista del fiasco de las autopistas de peaje en quiebra, donde la RPA asciende a 4.500 millones si las ocho concesiones afectadas entran en liquidación. La primera de ellas, la autopista AP-36, está abocada a ello tras sentencia juidicial del pasado mes de febrero. Además, en las últimas semanas se ha conocido la situación de insolvencia de la concesión ferroviaria TP Ferro, donde la RPA supera los 400 millones.