Una próxima ley, no retroactiva, reducirá la responsabilidad patrimonial de la Administración

El Gobierno busca pagar menos por la quiebra de concesiones

La ministra de Fomento, Ana Pastor. EFE
La ministra de Fomento, Ana Pastor. EFE

Se avecina tormenta en el sector concesional. Distintos ministerios, con Fomento y las carteras económicas al frente, están trabajando para rebajar las compensaciones por la Resposabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en caso de terminación anticipada de una concesión.

Fuentes del Gobierno explican que la regulación se incluirá, probablemente en mayo, en un Real Decreto escoba que abarcará distintos asuntos. Se trata de evitar que el Estado tenga que asumir pagos multimillonarios ante la quiebra de concesiones como podría suceder con las autopistas radiales. También subyacen la insolvencia de la ferroviaria TP Ferro o la compensación de 1.350 millones a la sociedad Escal UGS por la imposibilidad de que Castor entrara en operación, aunque esta última era una concesión de dominio público y no de obra pública como las anteriores.

En los trabajos preliminares queda sentado que la norma carecerá de carácter retroactivo, por lo que no afectará a concesiones ya existentes. De no salir adelante el plan de nacionalización de las ocho carreteras quebradas, el Gobierno asumiría el pago de unos 4.500 millones en concepto de RPA.

El gran agujero de las radiales

4.500 millones suman en RPA las autopistas quebradas. Sus accionistas suben la cifra a 5.700 millones.

4.000 millones es lo que deben las concesionarias a la banca, más 500 millones a las constructoras. Los accionistas pusieron 1.760 millones para construir las autopistas.

El argumento con que el Ejecutivo justificará el cambio regulatorio es que las cifras de RPA se solían ajustar al coste de construcción y financiación y no al valor patrimonial de las infraestructuras en el momento de un rescate. Este último sería el aspecto tenido en cuenta como base para calcular la RPA, que se separaría del precio de ejecución de los proyectos y de imponderables como los modificados en la construcción o el coste final de las expropiaciones. Con esta medida se conseguirá un ajuste drástico en las cuantías que compromete el Estado en los contratos de concesión ante una reversión anticipada del activo.

Freno a las liquidaciones

Además del ahorro a las arcas públicas, el Ejecutivo transmitirá mayor riesgo a las concesionarias, al margen de la demanda y disponibilidad en buen estado de las infraestructuras. Se busca, en definitiva, que el tijeretazo a esta garantía del Estado desincentive la liquidación de concesiones.

En el caso de las autopistas quebradas, los accionistas –principalmente grupos constructores– cubrieron ampliaciones de capital para mantener en pie las concesionarias. Sin embargo, cerraron el grifo al comprobar que no llegaban o eran insuficientes las medidas de reequilibrio económico de unas concesiones afectadas por sobrecostes de construcción, expropiación y por la fuerte e imprevista caída de tráfico.

El resultado fue la entrada en concurso y el actual riesgo de liquidación. Tal es el agujero económico que los accionistas están dispuestos a entregar las llaves de las concesiones pese a los años que restan de explotación y el mejor escenario económico. Con la liquidación, pierden el capital aportado (unos 1.700 millones), pero la suma mayor, correspondiente a la financiación bancaria (4.000 millones) de las obras, la pagaría el Estado como responsable patrimonial.

Menor cobertura de riesgo para el inversor privado

La RPA es la garantía por excelencia que cubre al sector privado cuando es este el que sustituye a la inversión pública en la financiación de infraestructuras. Con un recorte en la misma se corre el riesgo de desincentivar a las empresas y fondos especializados a la hora de aportar capital; también a la banca en su tarea de financiar los proyectos.

Con una RPA mucho más ajustada, deberán delimitarse al milímetro en los pliegos concesionales las circunstancias y fórmulas de reequilibrio en caso de que el esquema financiero previsto para cualquier concesión futura se vea quebrado por causas imprevistas.

La crisis ha limitado notablemente el presupuesto del Estado al tiempo que se ha ralentizado al máximo cualquier plan de colaboración público privada o de concesión. Sin embargo, con la salida de la recesión se espera un nuevo impulso a la inversión, fuertemente apoyado por la iniciativa privada, con la ejeción del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi) o la revitalización del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. La nueva normativa que diseña el Gobierno, en un principio sin carácter retroactivo, acotará los proyectos concesionales de cierto calado a empresas con notable capacidad financiera, quedando fuera de juego todo un ramillete de constructoras medianas que en los años previos a la crisis acudieron al negocio concesional.

Desde el sector privado se demandan desde hace años retoques en la regulación concesional y en la que atañe a la captación de financiación. Las fuentes del Gobierno consultadas aseguran que el recorte en la RPA es una actuación puntual y no el anticipo de una nueva Ley Concesional.

Una medida al margen de la nueva Ley de Carreteras

El ministerio de Fomento es uno de los que defiende un nuevo concepto para la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, pero no será el que lo impulse en solitario a la vista de que el sitema concesional afecta a otras ramas del Gobierno como son el Ministerio de Industria, el de Medio Ambiente o las consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades Autónomas.

Por tanto, la nueva regulación de la RPA quedará al margen de la inminente Ley de Carreteras, cuyo paso por Consejo de Ministros se espera entre este abril y mayo.

Este último texto legal actualizará legislación de los años ochenta y Fomento busca, con ello, aclarar las competencias de cada una de las Administraciones sobre la red de carreteras, así como estrechar el control sobre la calidad del trabajo de las concesionarias, especialmente en periodos en los que aumenta exponencialmente el flujo de tráfico.

Otro blindaje que pretende levantar el Gobierno con la nueva Ley de Carreteras está relacionado con las expropiaciones de suelo: se impedirán recalificaciones de terrenos cuando el proyecto de una carretera está lanzado, a la vez que se tratarán de evitar las desviaciones en los costes de las citadas expropiaciones.

Desde la patronal de constructoras y concesionarias Seopan se urgen cambios, pero no en la línea que marca el Gobierno. El colectivo reclama un mejor equilibrio de riesgos en las concesiones.

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