¿Qué hay detrás de los 705 investigados por blanqueo?
El Gobierno modificó el Código Penal para evitar que el delito fiscal derivara en acusaciones de blanqueo
La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, eufemísticamente bautizada como "declaración tributaria especial", entró en vigor en marzo de 2012 y concluyó en noviembre de ese mismo año. Permitió que evasores y defraudadores fiscales regularizaran su situación abonando un tipo del 10% sobre la renta no prescrita. Sin embargo, el perdón de Hacienda se limitaba al delito fiscal y la Agencia Tributaria ha remitido al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) los expedientes de 705 contribuyentes sospechosos de haber lavado dinero negro. Entre ellos, según avanzó Voz Pópuli, se encuentra el exministro de Economía y exdirector del FMI Rodrigo Rato.
El blanqueo de capitales consiste en introducir en el circuito legal, dinero que procede de una actividad delictiva. El imaginario popular suele asociarlo con narcotráfico o prostitución. Sin embargo, el dinero derivado de delito fiscal también es susceptible de originar un proceso por blanqueo de capitales. Desde el año 2010, el delito fiscal se considera delito previo o subyacente al blanqueo de capitales.
En un primer momento, la amnistía tributaria protegía a los defraudadores de responsabilidades penales por delito fiscal, sin embargo, surgió la duda acerca de posibles derivaciones de responsabilidad por blanqueo de capitales. Ese temor se disipó porque el Gobierno reformó el Código Penal y aclaró que los contribuyentes acogidos a la amnistía no serían procesados por blanqueo cuando su único delito fuera de carácter tributario. Así, los 705 casos remitidos al Sepblac responden a declarantes que se sospecha que utilizaron la amnistía para blanquear dinero procedente de delitos que van más allá del fraude fiscal. Entre ellos, aparecen el cohecho, el tráfico de influencia, sobornos o apropiación indebida. Es decir, el registro realizado ayer en la vivienda de Rato se debe a motivos que sobrepasan los fiscales o guardan relación con rentas que no se incluyeron en la amnistía. Estas son las claves del perdón fiscal de 2012 y su relación con el blanqueo de capitales:
¿La declaración tributaria especial fue una amnistía fiscal?
Los PEP: Personas expuestas políticamente
La lista de los 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y cuyos expedientes han sido remitidos al Sepblac responden al perfil de “Personas Expuestas Políticamente”. Con el acrónimo PEP se designa a aquellos ciudadanos que requieren por su cargo una vigilancia más estrecha en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. La legislación española insta a extremar la supervisión sobre las “personas con responsabilidad pública”. Se refiere a contribuyentes que actualmente o en el pasado ocuparon cargos relevantes. Entre ellos, se encuentra el de jefes de Estado, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, parlamentarios o altos magistrados. La vigilancia se extiende también a sus familiares.
Sí, de manual. El Ejecutivo estableció en marzo de 2012 un procedimiento extraordinario para que los contribuyentes que tuvieran dinero negro o hubieran cometido un delito fiscal pudieran regularizar su situación y quedaran exonerados de sanciones y responsabilidades penales.
¿A quién benefició la amnistía?
Se acogieron a la amnistía 31.529 contribuyentes, en su mayoría personas físicas que regularización su situación respecto al IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. También se acogieron 618 empresas que se pusieron al día con Hacienda en el impuesto sobre sociedades.
¿Qué tipo impositivo abonaron los amnistiados?
El decreto del Gobierno fijó un gravamen del 10%. Sin embargo, posteriormente aclaró que ese tipo se aplicaba sobre los últimos cuatro años no prescritos. Es decir, si un contribuyente defraudó un millón de euros en el año 2000, el gravamen del 10% afectaba sólo a los rendimientos obtenidos con ese dinero en los ejercicios no prescritos.
¿Cuánto recaudó el Gobierno por la amnistía fiscal?
La previsión del Ejecutivo era lograr 2.500 millones, sin embargo, solo obtuvo 1.200 millones. Ello se explica precisamente porque el tipo del 10% regía sólo para períodos no prescritos. Hacienda señaló que la amnistía fiscal permitió aflorar 40.000 millones de euros, lo que implica que el tipo efectivo que abonaron los defraudadores fue del 3%.
¿Un contribuyente acogido a la amnistía puede ser procesado por delito fiscal?
No. La amnistía tributaria sirvió para que aquellos contribuyentes que hubieran cometido un delito fiscal (un fraude superior a 120.000 euros por impuesto y ejercicio), quedaran exonerados de responsabilidades penales.
¿Y por blanqueo de capitales?
Depende. En un primer momento, el decreto de la amnistía solo contemplaba la exoneración de penas por delito fiscal, pero no decía nada del blanqueo de capitales. En la medida en que un fraude tributario puede derivar en blanqueo, ello generó incertidumbre entre los potenciales beneficiarios de la amnistía. Así, el Gobierno modificó el Código Penal para que garantizar que un contribuyente que se acogiera a la amnistía y cuyo único delito previo hubiera sido de carácter fiscal no pudiera ser procesado por blanqueo.
¿Qué perfiles está investigando ahora el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac)?
Los 705 expedientes remitidos por la Agencia Tributaria al Sepblac son contribuyentes sospechosos de haber utilizado la amnistía fiscal para blanquear dinero procedente de actividades delictivas y más allá del mero fraude tributario. Es decir, en esa lista en la que aparece Rodrigo Rato, se encuentran contribuyentes sobre los que se sospecha que el origen de su patrimonio procede de actividades ilegales. Puede tratarse de cohecho, sobornos o tráficos de influencias en los casos de delitos de cuello blanco.
