Están satisfechos por el anuncio de María Dolores de Cospedal

Los Colegios Profesionales aplauden la retirada de la ley

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Antonio Santamera.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Antonio Santamera.

La retirada del anteproyecto de Ley de Servicios y de Colegios Profesionales por parte del Gobierno, anunciada el martes por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, provoca la satisfacción de los afiliados a estos organismos. Arquitectos, ingenieros y abogados –es decir, tres de los Colegios que más se involucraron en la oposición a esta normativa, destinada a reorganizar radicalmente los gremios– evalúan de forma positiva el anuncio de la número dos del PP, quien afirmó que el anteproyecto “se paró y se retiró”, porque “desde el propio Ejecutivo y el propio partido se planteó que no podíamos sacarlo adelante”.

“Esta ley nos parecía inaceptable”, declara Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional (UP), organización de la que forman parte 35 Consejos generales de Colegios profesionales en representación de más de un millón de adscritos a estos organismos. Destaca el papel positivo que los Colegios juegan, en su opinión, en la economía española: “representan el 9% del PIB, el 6% del empleo directo y el 45% del empleo universitario, con una extraordinaria aceptación por parte de la ciudadanía”. Y se pregunta: “¿Por qué tenemos que tocar lo que funciona?”.

“Nosotros ya presumíamos esta decisión porque el ministro de alguna manera la anticipó hace dos meses y medio y por tanto la celebramos”, dice por su parte el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, Jordi Ludevid. Desde el “respeto” por este nuevo planteamiento, Ludevid puntualiza que la última versión conocida ya contemplaba la principal reivindicación de la arquitectura española, es decir, la plena aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación, del año 2000.

“Es una ley estupenda y moderna, que es como si fuera la Constitución de la edificación”, defiende Ludevid, puesto que establece las competencias de cada uno de los actores de este ámbito, como los arquitectos, los ingenieros y los aparejadores. “El solo hecho de que los primeros borradores del anteproyecto pusieran en duda su aplicación, generaba inseguridad jurídica y alentaba intereses partidistas injustificados”.

El último borrador de este texto legal, sin embargo, no resolvía los problemas de la ingeniería, sostiene Carlos Del Álamo. El presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) destaca que el legislador seguía apostando por una separación entre ingenieros que tenían que colegiarse obligatoriamente –los que firman proyectos o dirigen obras– y los demás, por los que esta necesidad no estaba prevista, lo que calificó de “esquizofrenia".

Tampoco preveía un sustituto del visado, un asunto pendiente desde 2010, ni la corrección de las diferencias existentes en las barreras que deben superar los ingenieros españoles para firmar proyectos fuera de nuestras fronteras, con respecto al reconocimiento que sus homólogos extranjeros tienen en nuestro país. “Esta ley, que empezó con un liberalismo exagerado, se ha quedado a medias. La verdad, no contentaba a nadie”, resume.

El papel de las instituciones europeas

Uno de los motivos por los que el Gobierno empezó a redactar el anteproyecto, a principios de 2013, fue la “enorme presión por parte de las instituciones comunitarias” para llegar a una liberalización de los colegios profesionales, como afirmó Cospedal en un desayuno informativo. Una justificación de la que discrepa el presidente de la UP, Carlos Carnicer, quien sostiene que la adaptación del sistema español en este ámbito a la legislación europea ya se cumple con las leyes ómnibus y paraguas, aprobadas hace poco más de seis años, y que “merecieron el reconocimiento de los Colegios Profesionales”, en sus palabras.

Según el presidente del Consejo Superior de los Arquitectos, Jordi Ludevid, hubo malentendidos con Europa. “Debido a mi cargo me he movido mucho por las instituciones europeas y no he detectado nunca esta presión”, afirma.

Sin embargo, Europa podría ser quien dicte próximamente las directrices de la reforma de estas corporaciones de derecho público, explica el director de los Servicios jurídicos de la Abogacía Española, Lucas Blanque. “Como dijo hace unos meses el ministro de Economía, Luis De Guindos, la Unión Europea podría plantearse algo en este ámbito en 2016, lo que dejaría poco margen de maniobra al Estado”. La reforma se para durante año y medio y luego, en sus palabras, “habrá que ver”.

¿Y ahora qué?

Tras la retirada de este anteproyecto, los colegios profesionales siguen necesitando “una buena ley”, admite el presidente de la UPCI, Carlos Del Álamo, quien manifiesta no estar en contra de la competitividad o de la eficiencia de los servicios públicos. “Pero la normativa tiene que reflejar el contenido de la directiva europea sobre servicios: la salud, la seguridad y el medioambiente”; un aspecto, este último, que no tenía cabida en los borradores del Ministerio de Economía.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, Domingo Villero, aboga por una propuesta de consenso por parte del sector, para anticiparse al próximo borrador de proyecto de ley de regulación que prepare el Gobierno "al poco tiempo tras las elecciones generales”, reza un comunicado del organismo.

“Estamos satisfechos porque tanto el presidente del Gobierno como Cospedal declaran su apoyo a los colegios, es lo más importante", recalca, por su parte, Ludevid. "A partir de ahí, ya encontraremos la manera de hacer una buena ley, modernizadora y transformadora”. Eso sí, “sin recelar, desconfiar o sospechar” de los Colegios Profesionales. “Hay que darles tareas sociales, como dijo Cospedal, hay que darse cuenta de que no somos sindicatos ni asociaciones”.

Las condiciones para mejorar la acción de los Colegios que pone el presidente de UP, Carlos Carnicer, son el respeto "absoluto" del artículo 36 de la Constitución, el que trata de estos organismos; el reconocimiento de que son “una pieza clave en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas”; y la necesidad de que el profesional quede adscrito al colegio donde tiene su domicilio profesional, para que se pueda ejercer correctamente el control deontológico.

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