Cospedal anuncia que el Gobierno retira la Ley de Colegios Profesionales
Una medida muy controvertida y que no verá la luz. Esta, en resumidas cuentas, es la suerte del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, según las declaraciones que hizo ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La también presidenta de Castilla-La Mancha y candidata a la reelección dijo que el Gobierno, de acuerdo con el partido mayoritario, “paró y retiró” el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
Los aspectos conflictivos de una reforma frustrada
Abogados, arquitectos e ingenieros. Estos fueron tres de los colectivos que más se implicaron en la oposición a la Ley de Colegios Profesionales. La normativa preveía la eliminación de la obligatoriedad de la colegiación para los letrados que tienen una relación laboral con sus clientes, los llamados abogados de empresa. “Cesarán de tener un código deontológico”, dijo el portavoz del Consejo General de la Abogacía, Lucas Blanque. “Determinadas garantías que ofrece la colegiación obligatoria, como el control o la ordenación de la profesión estarían en franca regresión”, añadió.
Otro aspecto controvertido fue la intención del Gobierno de controlar más férreamente los presupuestos de los Colegios. “En cuanto se hurga un poco en el texto, en vez de una supuesta liberalización, se encuentra intervencionismo”, apuntó Ramón Entrena Cuesta, un letrado colegiado desde hace medio siglo.
Críticas parecidas procedieron de arquitectos e ingenieros, con respecto a la eliminación de la colegiación obligatoria para los profesionales que no firman proyectos y no dirigen obras. “Así es difícil que el Colegio pueda ejercer su función de control deontológico”, explicó el presidente del Consejo de los Colegios de Arquitectos, Jordi Ludevid. “Existen un sinfín de actividades en las que el ingeniero con dependencia laboral, sin necesidad de firmar proyectos o dirigir obras, incurre en responsabilidades personales que pueden acarrear graves consecuencias para la empresa y para terceros”, recuerda el Consejo de Ingenieros Industriales. Respecto a la eliminación de la inscripción y el límite de 240 euros de cuota anual, Ludevid sostuvo que se trata “de una cuestión reglamentaria, que se debe resolver en el ámbito de la autonomía de los colegios”.
Durante un desayuno informativo organizado por la Fundación Caminos –el think tank del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos–, Cospedal admitió que el Ejecutivo recibió “una enorme presión por parte de las instituciones comunitarias” para que sacara adelante la nueva normativa, que reducía drásticamente las profesiones para las que se prevé la colegiación obligatoria, entre otras medidas.
Sin embargo, “desde el propio Gobierno y el propio partido, se planteó que no podíamos seguir adelante”, sostuvo la número dos del PP, por muy intensa y persistente que fuera la demanda de la Unión Europea para revisar la normativa sobre los gremios y con la espada de Damocles de “un posible procedimiento por infracción”.
Cospedal no ahondó en las razones que hicieron retroceder al Ejecutivo, pero recalcó que tanto el presidente Mariano Rajoy, como ella misma, están convencidos de la utilidad de los organismos de representación profesional. “Vamos a mantener los colegios profesionales”, aseguró la mandataria, aunque explicó que estos deben “revisar sus fines”, con el objetivo no solo de “defender los intereses de sus afiliados”, sino también de trasladar a la sociedad “toda su pericia, su know how”.
En alusión a sus adversarios políticos, la secretaria general del PP contestó también a los que plantean mantener los colegios profesionales y al mismo tiempo responder a las demandas de Europa. “No se puede quedar bien con todos”, aseguró.
En febrero, el ministro de Economía, Luis De Guindos, anunció que el anteproyecto –que ahora Cospedal da por retirado– se había retrasado sine díe. Fuentes del departamento aseguraron entonces que el Gobierno estaba discutiendo en la Comisión Europea la regulación del acceso a determinadas profesiones, en el marco de la evaluación recíproca de la directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales, aprobada en noviembre de 2013, y que esperaba el resultado de esta valoración para “situarse mejor y actuar”. Lo que estas mismas fuentes volvieron a confirmar ayer.
La presentación de este anteproyecto, que se remonta a principios de 2013 y del que se llegaron a conocer distintos borradores, levantó las protestas de varios gremios y de la Unión Profesional, de la que forman parte 35 Consejos generales de Colegios, en representación de 1,3 millones de profesionales. La limitación de la colegiación obligatoria, la libre elección del lugar donde darse de alta en un colegio o la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de 240 euros para las cuotas anuales fueron las medidas que provocaron su oposición a la ley.
